Madrid (EFE).- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente a «una gran inmobiliaria» -que no identifica- que alquila «miles» de viviendas en varias ciudades a lo largo del país por cuatro potenciales infracciones.
El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha subrayado en un comunicado que tras investigar a la inmobiliaria en cuestión ha detectado potenciales infracciones como la imposición a la parte arrendataria de un seguro de impago o la incorporación de una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada del contrato de adhesión.
Consumo también hace referencia a que esta inmobiliaria habría impuesto una penalización «desproporcionada» por cada día de retraso en la entrega de la vivienda e incorporado una cláusula que impone al arrendatario gastos y penalizaciones «injustificados» en relación con los equipos de suministros y el cambio de titularidad de los mismos.
Multas de hasta 1 millón por infracción
Cada una de estas infracciones podría ser considerada como una cláusula abusiva y acarrear multas de hasta 1.000.000 euros por cada una, o entre 6 y 8 veces el beneficio ilícito.
