El déficit de vivienda acumulado desde el año 2021 asciende a casi 800.000 casas. Esta es la diferencia entre los hogares que se han creado en este periodo y el número de viviendas terminadas. Pero la situación real es todavía peor, ya que la estadística no incluye la cantidad de jóvenes que no han podido emanciparse por los altos precios. La preocupación por la crisis de vivienda que vive España ha llegado hasta el Fondo Monetario Internacional. En su último informe sobre España (artículo IV) subraya la importancia de acelerar la construcción de vivienda. "El deterioro de la asequibilidad de la vivienda exige medidas más decisivas para impulsar la oferta", alerta el FMI. Según los cálculos de Oxford Economics, ya se requieren ocho años completos de la renta disponible de un hogar medio para poder comprar una vivienda en España. Y en las zonas más tensionadas, como Madrid, Barcelona, Baleares, País Vasco o Málaga, la cifra es de más del doble: cerca de 18 años de todos los ingresos para pagar una casa. El FMI advierte a España que sin mayor construcción de vivienda, no hay solución posible a esta crisis. Hasta ahora, el mayor esfuerzo del Gobierno ha venido por el lado del control de precios, pero ha hecho poco para revitalizar la construcción. En gran medida, porque su proyecto estrella, la Ley del Suelo, está atascada en el Congreso por la minoría parlamentaria del Ejecutivo y la negativa del PP a darle este balón de oxígeno. Las recetas El Fondo subraya tres medidas que debería adoptar España para resolver el cuello de botella que tiene con la construcción. El primero es un desarrollo urbano más rápido. Los planes urbanísticos tardan actualmente muchos años en salir adelante, lo que impide que crezca el suelo disponible para construir. Un problema especialmente grave en las zonas de precios tensionados. El segundo es reducir la incertidumbre jurídica. Esto incluye todos los problemas a los que se enfrentan los planes urbanísticos cuando reciben demandas de cualquier tipo, pero también la incertidumbre jurídica que soportan las empresas promotoras que pueden ver paralizados sus proyectos una vez empezados. Todo ello atasca la construcción y también desincentiva que las empresas promotoras quieran meterse en proyectos que pueden sufrir continuos parones. Por último, el FMI recomienda simplificar los procedimientos de concesión de permisos de construcción, sometidos a una gran burocracia que prolonga todos los trámites. Aunque resulte paradójico, las distintas trabas legales y jurídicas a la construcción provocan que los proyectos promotores no sean rentables pese a los altos precios a los que se venden después las viviendas. Este es un problema generado por las distintas administraciones y sólo ellas pueden resolverlo. El FMI insta a hacerlo rápidamente porque reactivar la construcción no será inmediato. El Fondo también pone el foco en los criterios de concesión de hipotecas. El aumento del crédito en España preocupa al organismo. Los precios de la vivienda son tan altos, en comparación con los salarios, que los bancos tienen que reducir sus criterios de concesión de préstamos para poder seguir dando hipotecas. El Banco de España todavía no percibe un deterioro en los criterios de concesión, pero ya está elaborando herramientas para activar límites en el caso de que lo considere necesario. El FMI apunta a que existen "los primeros indicios de una flexibilización de los estándares crediticios". Ante esta situación, recomienda adoptar "medidas basadas en el prestatario hipotecario, al menos en forma de directrices de supervisión, durante el próximo año". Un mensaje directo para el Banco de España que, por el momento, lo que está haciendo es centrarse en la supervisión. Estos mensajes del Fondo apuntan en una misma dirección: la crisis de vivienda ya genera preocupación en tres vertientes: la crisis social por la dificultad de acceso; crisis política por los problemas legales a la construcción y crisis financiera por la flexibilización de los criterios de concesión de préstamos. El déficit de vivienda acumulado desde el año 2021 asciende a casi 800.000 casas. Esta es la diferencia entre los hogares que se han creado en este periodo y el número de viviendas terminadas. Pero la situación real es todavía peor, ya que la estadística no incluye la cantidad de jóvenes que no han podido emanciparse por los altos precios.