Actualizado a las 02:13h.
El próximo 26 de mayo se cumplirán tres años desde la entrada en vigor de la ley de Vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. La norma nació bajo la promesa de contener los precios del alquiler y facilitar el acceso a la vivienda. Sin embargo, el balance que arroja hoy el mercado inmobiliario español desmiente las expectativas oficiales. Allí donde se han aplicado con mayor intensidad los mecanismos de intervención previstos por la ley –topes al alquiler, limitaciones a los propietarios y declaración de zonas tensionadas– la oferta se ha desplomado, los precios han seguido subiendo y la competencia entre inquilinos se ha vuelto insoportable. Los datos conocidos estos días reflejan una realidad difícilmente discutible. Según un informe del portal inmobiliario idealista.com, el precio del alquiler en España es hoy un 30,7 por ciento más elevado que en 2023, mientras la oferta disponible se ha reducido un 30 por ciento. La consecuencia más grave no es únicamente el encarecimiento de las rentas, sino la creciente expulsión de miles de ciudadanos pobres del mercado residencial. Cada vivienda anunciada recibe ahora una media de 41 contactos interesados, más del doble que hace tres años. En ciudades especialmente intervenidas, como Barcelona, Pamplona o Vitoria, la presión alcanza niveles incompatibles con las rentas de los españoles.
