El relevo de la actual magistrada de enlace ante las autoridades de Francia y Suiza, que se produjo en plena investigación sobre la presunta trama criminal liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, fue un cese expreso dictado por el Gobierno y justificado en una "pérdida de confianza". El despido se comunicó a la jueza afectada el pasado mes de abril, pocos días antes de que el departamento que dirige Félix Bolaños firmase una resolución para cubrir el puesto, cuya convocatoria se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 7 de mayo. La súbita salida de la hasta ahora titular del puesto, Silvia Martínez Cantón, encendió algunas alarmas en sectores políticos y judiciales por el delicado contexto en que se produce. Hay que recordar que la histórica imputación del expresidente del Gobierno tiene su origen en una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en 2024. El citado órgano había sido alertado por diversas solicitudes de cooperación internacional remitidas por las autoridades de Francia y Suiza, países en los que la trama comenzó a operar con presuntas maniobras de blanqueo de capitales vinculadas a Plus Ultra. El titular de la magistratura de enlace ostenta un rol prioritario en la agilización de la colaboración internacional y constituye un eje clave en la cooperación con operaciones de blanqueo, corrupción, crimen organizado o fraude fiscal que afecten a ambos países, como es el caso de Plus Ultra. Aunque sonó para el puesto la exministra de Justicia, Pilar Llop —lo que provocó quejas entre algunas asociaciones judiciales—, finalmente fue Martínez Cantón, con un perfil más técnico, la que accedió al cargo el 22 de julio de 2024. La resolución para ocupar la magistratura en el exterior con Francia contó entonces con una acreditación extendida a Suiza para poder operar en ambos países. Y estipuló en la misma convocatoria que el mandato de la persona designada tendría "una duración de cinco años desde la ocupación efectiva del puesto, prorrogables por resolución motivada de la persona titular del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, hasta un máximo de dos años". También fija que "el período mínimo de permanencia en el puesto será de dos años". Pero el cese llegó casi cuatro meses antes de completar ese plazo. Fuentes conocedoras aseguran a El Confidencial que la destitución fue comunicada a la afectada a mediados de abril por la directora general de Cooperación Jurídica Internacional, Eva María Pérez Martínez, a instancias del Ministerio que dirige Félix Bolaños. Desde hace un mes, Martínez Cantón es miembro también de un subgrupo de expertos de la Comisión Europea sobre el Reglamento de Bruselas, pero su incorporación no tiene que ver con su involuntaria salida de la magistratura de enlace. Su labor en este ámbito es de consultoría y no percibe una retribución económica por ello. Distintas fuentes jurídicas apuntan a que el motivo del cese tiene que ver con el manejo por parte de la jueza de información sensible de Plus Ultra y de otros casos de la que el Gobierno no tenía constancia —no está obligada a informar—, así como la búsqueda de una persona más "afín" a los posibles intereses del Ejecutivo. Por su parte, fuentes cercanas al Ministerio de Justicia desvinculan a Bolaños de esta decisión y precisan que los magistrados de enlace dependen de la Dirección General de Internacional. Opinión Pese a que su cese ya está dictado, Martínez Cantón continuará en el cargo hasta el 22 de julio de 2026 para cumplir con los plazos estipulados en la resolución de 2024, pero sin que el Gobierno haya informado hasta el momento sobre quién le sustituirá en el puesto. La decisión tiene importantes implicaciones al tratarse de una plaza de enorme relevancia para las pesquisas en torno a Zapatero, que tendrá que declarar ante el juez el próximo 2 de junio. La investigación ha puesto contra las cuerdas a Pedro Sánchez, que ha impuesto al PSOE la defensa del expresidente del Gobierno. "Todo mi apoyo", verbalizó el pasado miércoles en el Congreso. El Gobierno suprime la extensión a Suiza Más allá de la salida de la actual magistrada de enlace, otra novedad de la nueva convocatoria para cubrir esa vacante es que el Ejecutivo suprime la acreditación extendida del juez ante las autoridades suizas, por lo que las competencias del nuevo titular se limitarán a las de la República Francesa. Fuentes al tanto de la maniobra señalan que el Ejecutivo no ha explicado el porqué de la decisión y censuran que, al margen de "perderse el trabajo de dos años", puede poner palos en las ruedas a la colaboración judicial internacional en casos de delincuencia económica en general y en el de Plus Ultra en particular. En 2024, el Ejecutivo justificó en una respuesta parlamentaria al PP que la vinculación de las autoridades francesas y suizas con España respondía a la conveniencia económica y a la "eficiencia en la asignación de los recursos". Ahora se suprime ese vínculo, y tampoco se ha aclarado, por ejemplo, cuál es el modelo que aplicará el Gobierno en la cooperación judicial con el país helvético. Las incógnitas en torno a esta cuestión llevaron al área de Justicia del PP, encabezada por la vicesecretaria Cuca Gamarra, a elaborar y presentar una nueva batería de 11 preguntas en el Congreso, que registraron el pasado 12 de mayo. Uno de los interrogantes que plantean al Gobierno es precisamente si en la decisión de suprimir la extensión a Suiza y cambiar a la jueza titular ha pesado el hecho de que la magistratura pueda ejercer funciones de coordinación bilateral de investigaciones en curso "a veces sin conocimiento de la autoridad central", es decir, del Ministerio de Justicia. Los de Feijóo censuran también el hecho de que la acreditación extendida a Suiza no implicaba ningún "coste adicional significativo para el Estado" y cuestionan la conveniencia de reducir ahora la cooperación "en un momento de creciente importancia estratégica". Reclaman además las "estadísticas anuales de las magistraturas de enlace", cuyos datos no se publican desde 2023, y se preguntan, por último, cuáles son las razones reales que han llevado al Gobierno a prescindir de Silvia Martínez Cantón cuando "las funciones, perfil o necesidades del nuevo puesto continuarán siendo esencialmente las mismas". El relevo de la actual magistrada de enlace ante las autoridades de Francia y Suiza, que se produjo en plena investigación sobre la presunta trama criminal liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, fue un cese expreso dictado por el Gobierno y justificado en una "pérdida de confianza". El despido se comunicó a la jueza afectada el pasado mes de abril, pocos días antes de que el departamento que dirige Félix Bolaños firmase una resolución para cubrir el puesto, cuya convocatoria se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 7 de mayo.