El tsunami provocado por el caso Plus Ultra no solo coloca la sombra de sospecha sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sino que también la extiende sobre parte de su entorno. Además de señalar a las hijas del exdirigente del PSOE, el juez instructor José Luis Calama apunta contra María Gertrudis Alcázar, secretaria del exjefe del Ejecutivo, con quien lleva años trabajando. El magistrado la describe como “una pieza operativa esencial” dentro de la “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” liderada supuestamente por el socialista. Este jueves, el PP ha decidido llamarla a declarar a la comisión de investigación abierta en el Senado sobre “presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)” —el ente que supervisó el rescate de la aerolínea—.El nombre de Gertrudis Alcázar aparece mencionado casi una treintena de veces en la resolución dictada para imputar a Zapatero. Persona de la máxima confianza del expresidente, el juez José Luis Calama la sitúa en el “nodo central de comunicación y gestión documental” de la supuesta trama. “Desempeña funciones de coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que sustenta las actuaciones de la red, recibiendo instrucciones directas para articular la apariencia documental de los pagos recibidos y emitidos por el entramado societario”, escribe el magistrado, que autorizó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a registrarla el pasado martes para intervenirle cuantos “dispositivos de almacenamiento masivo de información” portase encima. En unas declaraciones grabadas y difundidas tras conocerse su imputación, Zapatero negó todas las irregularidades. “Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad [...] Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra”, se defendió quien presidió el Gobierno desde 2004 a 2011.Sin embargo, el magistrado sitúa al exdirigente socialista como “líder” de una trama para obtener “beneficios económicos” con “la intermediación ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”. En el segundo escalón coloca —“como personas de confianza e interlocutores directos con los clientes”— a Manuel Fajardo y a Julio Martínez Martínez, administrador de la empresa Análisis Relevante. Y, en el “tercer nivel”, a Gertrudis Alcázar y a Cristóbal Cano, como “responsables del soporte administrativo y financiero” y como “gestores de la operativa diaria” (la primera, por la parte de Rodríguez Zapatero; y el segundo, por Martínez).La resolución perfila a Alcázar como una especie de brazo “ejecutor” de ciertas “órdenes impartidas” por el exjefe del Ejecutivo. Una función que, según afirma el juez, desempeñaba presuntamente desde la propia oficina del expresidente, situada enfrente de la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz. Según apostilla el magistrado, ella participaba en la elaboración de facturas; mantenía contacto con el subordinado de Julio Martínez; trasladó indicaciones de Zapatero durante la puesta en marcha de una empresa sospechosa en Dubái; y servía como pantalla para “evitar” que se estableciera una “vinculación directa” del antiguo líder socialista con “la actividad ilícita”.Entre otros indicios, por ejemplo, el magistrado subraya que la secretaria mantenía un “contacto fluido” con Cano, con quien trataba detalles para la emisión de facturas —que los investigadores creen que se fabricaban ad hoc para justificar pagos—. “Gertrudis pregunta a Cristóbal respecto de la emisión de una factura por un importe de 20.000 euros, y plantea la posibilidad de emitir una o varias facturas, solicitando indicaciones sobre los conceptos que han de consignarse en ellas. Tal extremo evidencia de forma clara una previa concertación sobre el contenido, conceptos e importe de las facturas que se van a emitir”, ahonda el escrito del juez instructor Calama. El magistrado define así a Gertrudis Alcázar como una presunta pieza clave de la trama, debido a su “centralidad operativa”, “su acceso directo a la oficina del líder”, “su gestión de la cuenta de correo principal del entramado” y “su intervención en la elaboración de documentación presuntamente falsa”.