Al conjunto de indicios que han permitido la imputación del expresidente José Luis Zapatero se sumarán otros tantos en las próximas fechas, dado que este martes el juez José Luis Calama ordenó una serie de registros con los que recopilar nueva documentación clave para la causa. El instructor hace hincapié en la necesidad de volcar el contenido de los dispositivos informáticos de la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, a quien considera una "pieza operativa esencial" para la trama de blanqueo y tráfico de influencias. Tal y como destaca el instructor de la Audiencia Nacional en el auto de imputación del exlíder socialista, Alcázar era la "usuaria principal" de la cuenta de correo electrónico de Zapatero, lo que "la convierte en un nodo central de comunicación y gestión documental". El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional tiene ya en su poder algunos correos electrónicos obtenidos de los dispositivos de otros investigados. Estos le han permitido determinar que Alcázar, junto con el gestor Cristóbal Cano, desempeñaba "funciones de coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que sustenta las actuaciones de la red" de tráfico de influencias. La intervención del teléfono y los ordenadores de la secretaria se antoja, por tanto, como un paso esencial en la investigación judicial cuyo secreto sumarial acaba de alzarse. Este martes, el día en que trascendió la imputación del expresidente, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ya se encontraba realizando diversos registros por indicación del magistrado Calama. Entre los inmuebles registrados hay varias empresas y también está la oficina oficial del expresidente Zapatero, en la calle Ferraz, que era el centro de operaciones de Gertrudis Alcázar. El juez autorizó el registro del despacho y dejó por escrito lo siguiente: "Procede efectuar un registro corporal externo a María Gertrudis Alcázar Jiménez a efectos de intervenir su teléfono móvil y cualquier dispositivo de almacenamiento masivo de información que porte en ese momento, por ser necesarios para la práctica de diligencias de investigación y evitar la pérdida, alteración o destrucción de datos relevantes". El papel que desempeñó la secretaria en la trama investigada da cuenta del valor que podrían tener sus dispositivos para la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional. Si Zapatero era el "vértice" de esta organización que logró influir en el rescate de Plus Ultra y se benefició de cuantiosas mordidas, Julio Martínez Martínez habría cumplido el rol de ser su mano derecha y la pieza que controló la canalización de las mordidas —bajo la directriz de Zapatero—. No obstante, el núcleo de la trama lo habrían completado "en un tercer nivel" la propia Gertrudis Alcázar y Cristóbal Cano, que eran los "gestores de la operativa diaria". La secretaria desempeñaba su rol desde la oficina del expresidente, en el número 35 de la calle Ferraz, en Madrid. Alcázar recibía "instrucciones directas" para "articular la apariencia documental" de los pagos procedentes de presuntas mordidas. Daba apariencia de legalidad al entramado que la trama denominaba "finance boutique". El juez recopila en su auto varias conversaciones que le llevan a estas conclusiones. Zapatero remitía "gestiones y directrices" a través de Alcázar y de una segunda "empleada administrativa" llamada Judith Laure Wells Surron. Estas órdenes que pasaban por las secretarias "las ejecutaba Cristobal Cano", que actuaba como "director de administración para Julio Martínez Martínez" en el marco de la estructura de empresas opacas. El instructor José Luis Calama expone, a modo de ejemplo, una conversación en la que Alcázar discutía con Cano la forma emitir "una o varias facturas" para justificar un importe de 20.000 euros. Un mes después de que tuviera lugar esta conversación, la UDEF halló otra en la que los dos hablaban sobre emitir nuevas facturas: "podemos ir consensuando los conceptos". Se ha localizado incluso una conversación en la que un "perceptor" pregunta si las facturas están "ok" o si debía "poner más importe". Al parecer del juez, esto "pone de manifiesto una operativa de facturación desvinculada de la realidad económica, pues únicamente va dirigida a generar un soporte documental".