La huelga indefinida que desde hace diez días mantiene el profesorado valenciano, con el apoyo de todos los sindicatos, tiene como elemento nuclear la situación salarial y laboral de los docentes, además de otras reivindicaciones para garantizar la buena salud del sector público, muchas de estas pendientes de nuevas inversiones como la mejora de muchos centros escolares o la bajada de ratios con la contratación de más personal. En otras palabras, el dinero está, como suele suceder en estos casos, en el fondo del problema. Desde la Generalitat Valenciana se ha insistido en que la infrafinanciación es un factor que impide al Consell mayor capacidad de maniobra para poder mejorar la oferta realizada al profesorado. Pero hay más, porque la situación de la tesorería valenciana confirma que, hoy por hoy, de no ser por el Fondo de Liquidez Extraordinaria, FLA, muchos otros servicios colapsarían.Esta situación se verbalizó ayer en las Corts. Pérez Llorca denunció esta infrafinanciación; en paralelo, el PSPV criticó que el president no dé el paso para negociar la oferta del nuevo modelo de financiación autonómica, que permitiría ingresar a la Comunidad Valenciana casi 3.700 millones de euros, o que entregue subvenciones a centros escolares que segregan por sexo (más de 70 millones de euros). Llorca subrayó también que el Gobierno tiene una deuda pendiente de 4.000 millones de euros con la administración valenciana por la Dependencia y otros 1.000 millones de euros por la atención sanitaria a los desplazados. Al tiempo, cuestionó la tardanza en las entregas a cuenta del actual modelo de financiación y que se obligue a la Generalitat Valenciana a acudir al mercado privado a buscar un crédito porque el Gobierno se ha negado a activar en este ejercicio el extraFla de 1.700 millones de euros.Los datos objetivos, refrendados por los informes del IVIE, son que la situación financiera de la Comunidad Valenciana deja poco espacio de maniobra. Con una deuda superior a los 60.000 millones de euros (la mayor en una autonomía española en relación a su PIB y la segunda en números globales tras Catalunya), generada en gran parte por la infrafinanciación, y una dependencia del FLA que convierte a la valenciana en una autonomía de facto “tutelada” por el Gobierno, cualquier modificación presupuestaria para cubrir un problema como el que ahora plantean los profesores tiene un difícil encaje. Confirmando que unos y otros, Generalitat y Gobierno, han gestionado mal el problema desde hace años: uno, el Estado, al no resolver la situación financiera y el otro, la Generalitat, al no plantarse (ya lo intentó Ximo Puig) ante una situación que acabará afectando al resto de servicios públicos. Por ello, el conflicto de la Generalitat con los profesores otorga argumentos de peso a cada parte. En el caso de los docentes, es cierto que sus condiciones están lejos de la media de los profesores de otras regiones, con la particularidad de que la Comunidad Valenciana es una de las que más población ha aumentado en los últimos años, según datos del Instituto Nacional de Estadística, INE: más de medio millón de personas en diez años. En la otra cara de la balanza, la Generalitat valenciana tiene razón cuando expone su dificultad para poder modificar partidas presupuestarias con el actual contexto financiero. Una realidad que cada año se visualiza en los presupuestos autonómicos, en los que los intereses de deuda ya suponen casi el mismo gasto que el presupuesto de las consellerias más caras. Veremos la próxima semana qué cuentas propone el Consell de Pérez Llorca, pactadas con Vox, para verificar qué partidas deben sacrificarse por razones ideológicas, por aquello de la “prioridad nacional” y qué otras no van a poder mejorarse por la imposibilidad de aumentar los ingresos vía financiación autonómica. En breve. Licenciado en Ciencias de la Información por la UAB y Doctor en Comunicación por la UV. Delegado en València y redactor jefe de La Vanguardia desde 1991