Más de diez días de huelga indefinida y el contador del profesorado del País Valencià sigue subiendo. También el dinero que están dejando de cobrar. Sigue aumentando la presión institucional y el desgaste emocional, día tras día. Pero, pese al cansancio, hay algo que permanece intacto en buena parte del colectivo: la convicción de seguir adelante. Alba Sánchez, profesora de Matemáticas de Secundaria en Alacant, no ha faltado ni a una sola jornada de huelga ni a las movilizaciones convocadas desde que arrancó el conflicto. "Es muy duro llevar ya casi dos semanas así. Hay días de euforia y otros en los que te entran ganas de llorar", confiesa a Público.PublicidadA la tensión de la huelga se le ha sumado una situación personal: la hospitalización de su hijo. "La vida sigue mientras tanto y no está siendo nada fácil", lamenta. El impacto económico empieza a convertirse en una preocupación para muchas familias docentes. "Cuando empiecen a descontarnos prácticamente un mes entero de sueldo se va a notar mucho", reconoce Sánchez, que explica que es quien más aporta económicamente en su hogar. "Seguiremos ajustando y ahorrando para afrontar esta situación", agrega.Pese a ello, insiste en que el profesorado ha sorprendido incluso a la propia administración. "Creo que pensaban que íbamos a aceptar cualquier cosa y que la huelga acabaría desinflándose", dice. En cambio, destaca la imagen de unidad sindical y la implicación de los docentes. De hecho, los equipos directivos de un centenar de colegios e institutos anunciaron este jueves la presentación de más de 250 dimisiones en apoyo a la huelga indefinida del profesorado. "Estoy muy orgullosa de todos y cada uno de mis compañeros, y estoy completamente convencida de que estamos haciendo historia", afirma. "Una historia en defensa de una educación pública de calidad".Alba Sánchez, docente en Alacant: "Estoy convencida de que estamos haciendo historia. En defensa de una educación pública de calidad"Desde la gran victoria del profesorado frente al Gobierno socialista de Joan Lerma en 1988 —una rama territorial de la primera gran huelga estatal docente no universitaria española—, no se había vivido un parón de esta envergadura en las aulas del País Valencià. El miércoles, la Conselleria de Educación lanzó un ultimátum al profesorado: aceptar la última oferta presentada por la administración o mantener viva la huelga indefinida. La propuesta incluía, como principal medida, una subida salarial progresiva que alcanzaría cerca de 200 euros mensuales de aquí a 2028. Sin embargo, los sindicatos criticaron el planteamiento por considerar que "no contemplaba una mejora inmediata, no garantizaba una subida lineal para toda la plantilla y tampoco consolidaba íntegramente las cantidades desde 2026".La administración dio por "definitiva" su propuesta. Pero la respuesta sindical fue clara. Ninguna de las cinco organizaciones convocantes —STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE—, junto con la Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià, aceptó el acuerdo ni desconvocó los paros. La huelga indefinida deja ya a miles de docentes con pérdidas salariales sustanciales. Aun así, según los datos manejados por los sindicatos, ocho de cada diez huelguistas rechazaron la oferta de la Conselleria y cerca de seis de cada diez apostaron por mantener la movilización. ¿Sus prioridades? Siguen siendo las mismas: la reducción de ratios en las aulas; después, la recuperación salarial y el refuerzo de plantillas y de recursos destinados a la inclusión educativa.PublicidadPara Ana Vicenti, docente en la Comunidad de Madrid, la huelga indefinida en el País Valencià está actuando como un revulsivo entre el profesorado y reactivando el debate sobre qué tipo de movilizaciones pueden plantearse en el conjunto del sistema educativo. A su juicio, la huelga indefinida representa "la última herramienta" del conflicto laboral, lo que exige una determinación para mantenerla en el tiempo. "Hay que estar muy dispuesto a llegar hasta el final", señala, recalcando que se trata de una estrategia exigente no solo por su impacto económico, sino también por el desgaste personal y emocional que conlleva."No queremos seguir trabajando así"El contador tampoco se detiene para las educadoras infantiles de 0 a 3 años en la Comunidad de Madrid. Han pasado alrededor de 33 días lectivos desde que comenzó su huelga indefinida el 7 de abril. Ahora su foco está puesto en la movilización del sábado 23 de mayo. El sindicato CGT y la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PEEI) han convocado una manifestación a las 12.00 horas entre Atocha y Sol. Las trabajadoras reivindican una respuesta coordinada en el ámbito estatal y exigen a Educación "una ley de mínimos para el primer ciclo de Infantil". También piden a las comunidades autónomas medidas para reducir ratios e incorporar la figura de la pareja educativa desde el próximo curso.Publicidad"Arrancar esta huelga indefinida ha sido para nosotras un esfuerzo titánico", resume Rosa Marín, portavoz de la PLEI, que subraya las dificultades económicas de un sector "muy feminizado y castigado", donde muchas profesionales apenas superan el salario mínimo. Para sostener el pulso, explica a Público, han activado cajas de resistencia tanto en la plataforma como en cada centro educativo. Rosa Marín, PLEI: "Hemos marcado la lucha por los derechos laborales. Ese es el poder que tenemos las trabajadoras, creérnoslo e ir juntas a la calle""Tenemos muchas ganas de un cambio. Estamos muy quemadas. No queremos seguir trabajando así", señala Marín, que insiste en que "el motor de la protesta es el hartazgo acumulado". La portavoz reivindica también el carácter político y colectivo del movimiento: una lucha "feminista" que, dice, busca dignificar un sector esencial de los cuidados y la educación temprana. "Lo que estamos haciendo es histórico, aunque seremos más conscientes cuando esto termine. Hemos marcado la lucha por los derechos laborales. La fuerza está en la unidad y en sostener la presión. Ese es el poder que tenemos las trabajadoras, creérnoslo y salir juntas a la calle".Huelgas en Aragón y negociación en CatalunyaEn Catalunya, el pulso de los docentes entra en una fase de negociación casi permanente. Los sindicatos de enseñanza han pactado mantener, al menos durante esta semana, reuniones diarias con el Departament d’Educació. Intentan reabrir una vía de diálogo tras la ruptura provocada por el acuerdo que cerró el Govern con CCOO y UGT, sindicatos minoritarios en el ámbito de la educación obligatoria. En la última mesa sectorial, el Departament puso sobre la mesa una primera propuesta centrada en la educación inclusiva: la incorporación de 650 profesionales de refuerzo. En la siguiente reunión, celebrada el miércoles, la oferta se amplió hasta las 1.100 plazas y por primera vez, el Govern planteó incrementos salariales vinculados a complementos docentes.Entre las medidas, Educación propuso aumentar el complemento de tutoría y crear dos nuevos pluses específicos: uno para cotutorías en secundaria y otro destinado a los centros de máxima complejidad. Según los cálculos del Departament, estas mejoras tendrían impacto sobre unos 65.000 docentes. Sin embargo, los sindicatos USTEC·STEs, CGT, Professors de Secundària e Intersindical consideraron "insuficiente" el planteamiento y mantuvieron que cualquier mejora salarial se aplicara de forma generalizada. "No se entendería trabajar solo en unos complementos que hay gente que no cobra", advirtió Iolanda Segura, portavoz de USTEC, que además reclamó que se aborde la "deuda pendiente" derivada de los recortes en los sexenios desde 2010. Las organizaciones sindicales insistieron en que, con los Presupuestos ya aprobados, el margen económico "deja de ser una excusa" y llamaron a sostener la presión en la calle.En Aragón, el conflicto educativo ha vuelto a materializarse esta semana en forma de dos jornadas de huelga consecutivas, el martes y el miércoles, convocadas en protesta por la política del Gobierno del popular Jorge Azcón en materia de conciertos educativos en Bachillerato. Según datos sindicales, el seguimiento del primer día de paro alcanzó en torno al 55% del profesorado, con cifras elaboradas a partir de la información trasladada por los propios centros. En cambio, el Ejecutivo autonómico rebajó esa participación y situó el seguimiento del miércoles en el 25,96% entre el personal docente y en el 12,52% en el caso del personal no docente.Desde la Consejería de Educación se insistió en que los canales de diálogo con la comunidad educativa permanecen abiertos de forma "permanente" y se rechaza que exista "ningún proceso de recorte ni de desmantelamiento" de la escuela pública. El Gobierno aragonés defiende su hoja de ruta como una apuesta inversora sin precedentes, con un presupuesto superior a los 1.300 millones de euros en educación no universitaria, de los que asegura que el 84% se destina a la red pública. En ese marco, el Ejecutivo sostiene su plan de concertación del Bachillerato como una medida "compatible con el refuerzo del sistema público". Sin embargo, los colectivos docentes y sindicales denuncian que la ampliación de conciertos educativos supone un paso atrás en el fortalecimiento de la enseñanza pública y alertan de un deterioro progresivo de recursos y condiciones en los centros. PublicidadUn hilo histórico de huelgas educativas en EspañaLa oleada de movilizaciones del profesorado en el País Valencià, Madrid, Catalunya o Aragón no nace de la nada. Recupera un hilo histórico de huelgas educativas en España que, en distintos momentos y territorios, han compartido un mismo núcleo de demandas: salarios, condiciones laborales, recursos y defensa del sistema público. Uno de los precedentes se remonta a 1988, cuando docentes de preescolar, EGB, BUP, COU, FP y enseñanzas medias públicas protagonizaron una huelga estatal docente no universitaria de 43 días con paros intermitentes. Aquella protesta, centrada en la homologación salarial con otros cuerpos funcionariales, la reducción de ratios, la mejora de plantillas y la dignificación de la enseñanza pública, no logró una victoria global, pero sí abrió la puerta a negociaciones estatales con Educación y a avances retributivos y organizativos en los años posteriores. La huelga general del profesorado en 1988 abrió la puerta a negociaciones estatales con Educación y a avances retributivos y organizativosEse mismo año, el profesorado de Canarias sostuvo una huelga indefinida durante aproximadamente cinco semanas, que concluyó con un acuerdo parcial con el Ejecutivo autonómico en materia salarial y de negociación. Poco después, entre 1989 y 1990, en Galicia, docentes de EGB, Bachillerato y FP mantuvieron paros de entre dos y cuatro semanas que derivaron en compromisos sobre salarios, desarrollo autonómico educativo y mejoras laborales vinculadas a la normalización lingüística.PublicidadEn Navarra, entre 1990 y 1991, el conflicto se prolongó durante cerca de un mes con paros de Primaria, Secundaria, BUP, COU y FP, que terminaron en un acuerdo parcial con el Gobierno foral que incorporaba mejoras económicas y compromisos asociados a la implantación de la LOGSE. En 2002, el profesorado interino de Secundaria y FP en Andalucía mantuvo una huelga de alrededor de tres semanas, con avances en bolsas de trabajo y consolidación parcial del empleo. En 2003-2004, en Catalunya, las protestas de docentes de Secundaria e interinos se extendieron durante más de dos semanas y derivaron en negociaciones parciales.Una década más tarde, en 2013, el conflicto se trasladó a Balears, donde docentes de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP hicieron una huelga de más de un mes contra la política educativa del Govern. Aunque no hubo un acuerdo completo, la presión social y judicial acabó por revertir o frenar parte de las medidas más polémicas. Entre 2018 y 2019, el ámbito universitario en Catalunya vivió varias semanas de movilización del PDI, personal asociado, investigador y PAS en demanda de estabilidad y mejora de condiciones, con acuerdos parciales en distintas universidades. Finalmente, en 2024 el profesorado universitario y personal investigador de la Comunidad de Madrid protagonizó paros de más de dos semanas que abrieron negociaciones sobre financiación y condiciones laborales.