La inauguración el próximo mes de diciembre de dos centros de atención a la infancia (CAI) en Vallecas, uno para compilar declaraciones de riesgo y otro en apoyo al que ya existe, enfila la privatización de un servicio que actualmente cuenta con doce instalaciones de este tipo, de las que solo tres son todavía de gestión pública directa, al menos en su horario de mañana.
El Ayuntamiento de Madrid anunció esta semana que prepara estas dos nuevas instalaciones para “ampliar los recursos dirigidos a la intervención social con menores” en desamparo o riesgo grave, según se explicó en un comunicado. Y que también prepara un contrato de gestión privada para el resto, que podría vaciar de trabajadores públicos. Los números 1, 2 y 3, que cubren los distritos de Centro, Arganzuela, Ciudad Lineal y Usera, tienen en su plantilla a funcionarias que pasarán a uno de los nuevos centros, el que se dedicará exclusivamente a evaluar situaciones de riesgo social en menores. Es decir, aquellas cuya gravedad no implique separarlos de su familia.
Aunque el cambio es inminente –debe efectuarse antes de acabar el año–, tanto las trabajadoras públicas de estos recursos como sus representantes sindicales hablan de un “oscurantismo total”. La responsable de Servicios Sociales en Comisiones Obreras, Carmen Lara, denuncia que una decisión así se haya tomado “sin consultarlo antes con las partes” y, además, la considera una “pésima noticia” por “privatizar un servicio público” a expensas de los empleados.
