Esto es, literalmente, un experimento. La Comunidad de Madrid, que gobierna Isabel Díaz Ayuso, ha decidido probar en un contrato para atender a personas sin hogar una fórmula de colaboración público-privada que implica pagar al adjudicatario por los resultados de sus servicios. La apuesta, recibida con inquietud en parte del sector (“Es un peligro”, refiere Álvaro Revilla, presidente de la asociación de gerentes y directores sociales de la Comunidad de Madrid), está amparada por un convenio firmado con el Gobierno de España. Para probarla, el ejecutivo conservador que gobierna Madrid ha licitado un contrato de más de 2,6 millones de euros, consultado por EL PAÍS en el portal de contratación regional, que inaugura una nueva etapa en las políticas sociales de la región y, según la oposición, la adentra en un camino “mercantilista”. Los pagos dependerán de una verificación de los resultados realizada por una empresa independiente.Así, el contrato que se licita es una especie de conejillo de indias. Un proyecto piloto financiado con fondos de la UE. Quien se haga con el acuerdo, deberá gestionar diez plazas para personas sin hogar durante dos años, atendiendo a entre 30 y 50 personas que hayan entrado en esa situación recientemente, o estén en riesgo de hacerlo. Cada usuario que sea considerado un “caso de éxito principal” conllevará una remuneración de 42.000 euros, cifra que supondría un 25% de ahorro estimado con respecto a una plaza pública tradicional, según los cálculos de la Comunidad de Madrid. Para llegar a esa consideración, y que el adjudicatario cobre el pago total, los participantes deberán mostrar compromiso con el programa (6.000 euros); participar en el diseño de su programa para dejar el sinhogarismo (3.000); mejorar el bienestar autopercibido (3.000), incrementar sus ingresos (6.000); o lograr un lugar en el que vivir (24.000). Los usuarios considerados como “casos de éxito secundarios” se cobrarán en función de los hitos de esa lista que hayan cumplido. Una entidad independiente verificará ese cumplimiento. “Es un contrato de pago por resultados y dirigido a entidades con experiencia en intervención y fondos de inversión”, describe por teléfono Revilla; “lo cual me parece un peligro por abrir la intervención a actores sin experiencia previa y que se fomente la especulación y el beneficio de fondos de inversión y no la mejora de las condiciones de vida de las personas sin hogar”.La publicación de esta licitación rima perfectamente con el anteproyecto de Ley de Calidad y Libre Elección de los Servicios Sociales, impulsado por el gobierno autonómico con el objetivo de “reforzar la colaboración público-privada” en los servicios sociales, con fórmulas “innovadoras” de compensación a las empresas como la “inversión por impacto, el pago por resultados y los avales públicos” que resuelvan “los problemas que plantea la financiación tradicional”. En octubre de 2025, cuando EL PAÍS avanzó ese texto, la oposición vio “una privatización encubierta de los servicios sociales”, según expresó Diana Paredes, de Más Madrid; y una apuesta “para que hagan negocio los de siempre”, según analizó Pilar Sánchez Acera, la secretaria de organización del PSOE regional. Lo que Madrid quiere lograr es “un mayor ahorro en gasto público”, según se recoge en el contrato en licitación, que cifra en más de 20 años la aplicación de este tipo de acuerdos en países anglosajones. También, “transferir el riesgo a los inversores”. O evitar un incremento continuo de determinadas plazas para atender a personas sin hogar por la única razón de que su situación se ha cronificado e institucionalizado, sin lograr ayudarlas a ser autónomas. Y por eso, se justifica, opta por esta nueva fórmula, que, se defiende, tiene entre otras ventajas “permitir mayor flexibilidad y reducción de la carga administrativa”; “promover la búsqueda conjunta entre los diferentes actores de la sociedad hacia prevenir y/o solucionar retos sociales”; o “lograr un mayor coste-eficiencia de los recursos invertidos”. ¿Qué es un contrato de pago por resultados? “Su rasgo característico es la transferencia de riesgo a los inversores privados, facilita la financiación de innovación social para la Administración, a la vez que su enfoque en resultados le ayuda a poner a las personas en el centro de las políticas públicas”, sostiene la Administración regional en la documentación que acompaña al contrato. “Los pagos se vinculan a la consecución de unos objetivos de impacto social”, se recalca. “La principal diferencia con los contratos tradicionales es que en estos se establece el pago de una tarifa fija por la realización de la prestación o servicio objeto del contrato, sin tener en cuenta el resultado obtenido”, se añade. “Por asumir dicho riesgo, el inversor recibe una rentabilidad asociada al capital adelantado para financiar la intervención social, rentabilidad que corre a cuenta de los ahorros generados a la Administración por dicha intervención”. Atender a los más vulnerablesEsto expone un portavoz de la consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que dirige la consejera Ana Dávila-Ponce de León. “El contrato tiene como objetivo fomentar la inserción social de personas sin hogar mediante el pago de la Administración a la entidad adjudicataria por los resultados reales de inserción que logre, mediante una serie de indicadores”, expone. “Este proyecto piloto busca la prevención de la cronificación de las situaciones de sinhogarismo existentes en los programas tradicionales de atención a este colectivo”, añade. Y remata: “Este tipo de contrato, está previsto en la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, y en un convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030″.De esta manera, la administración regional madrileña abre su particular laboratorio para experimentar con los contratos en las políticas sociales. Desde ahora, pagar por resultados en la atención a los más vulnerables es una posibilidad en la región capital de España.