Las plataformas de interinos se mueven tras la reciente sentencia del Supremo, que abre la puerta a que los empleados públicos víctimas de exceso de temporalidad puedan obtener plaza si superaron procesos selectivos y se quedaron fuera. Los colectivos Plataforma Interinos en Acción, PAFP Murcia y FijezaYa.org han lanzado este jueves una hoja de ruta para garantizar por ley que todos los interinos en esta situación puedan obtener su plaza, sin que sea necesario recurrir a la justicia. Una posibilidad que el Gobierno rechaza, al menos por el momento.Con el documento pretenden convencer a los grupos parlamentarios para dar una solución definitiva a este problema, que afecta a decenas de miles de trabajadores del sector público que han encadenado contratos temporales de manera fraudulenta, en algunos casos durante décadas. Actualmente, la única vía que hay para reclamar la plaza fija es litigar en los tribunales, donde también se puede optar a una indemnización. El texto plantea una doble vía jurídica para resolver la situación. Por un lado, propone aprobar un real decreto ley para otorgar la plaza de forma directa a todos los laborales y funcionarios que hayan superado pruebas selectivas pero se quedaron fuera. Una medida que incluiría también a quienes aprobaron los procesos de estabilización que impulsa el Gobierno desde el año 2021, pero que no lograron un puesto. Para los empleados públicos que no cumplen esa condición, los colectivos plantean un "concurso excepcional de méritos". Una vía recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público que permite obtener la plaza sin superar oposición solo mediante la valoración de los méritos del candidato. Las plataformas sostienen que el proceso debe ser gratuito, rápido y "de resultado cierto". Para ello, plantean que sean las administraciones públicas quienes identifiquen "de oficio" a las personas afectadas. En el caso de los trabajadores que fueron cesados y perdieron su empleo, las plataformas pretenden que puedan recuperar la plaza que perdieron y hacerla fija. Ya sea por la vía del nombramiento directo si aprobaron oposición o por la vía del concurso de méritos. Finalmente, el texto prevé que los trabajadores que no entren en ninguna de esas casuísticas puedan obtener automáticamente la condición de "empleado público fijo a extinguir".La idea de los colectivos es que el real decreto ley regule también el régimen de indemnizaciones para evitar que haya "dobles reparaciones" en los casos de interinos que tienen judicializada su situación. Además, reclaman incluir una "cláusula de cierre" disuasoria que penalice a las administraciones reincidentes, exigiendo a estas responsabilidades disciplinarias o patrimoniales. Las organizaciones incluyen en su propuesta un dictamen jurídico firmado por un experto en Derecho Constitucional y una memoria económica en la que cifran los costes de no afrontar el problema. Según sus estimaciones, el coste en indemnizaciones para los afectados podría alcanzar los 33.600 millones de euros, a razón de 39.000 euros por afectado (calculan que unos 780.000). Una cifra que se reduciría a 8.342 millones si se tiene en cuenta solo a los trabajadores que no consiguieron su plaza en los procesos de estabilización del año 2021.Contactos con los grupos parlamentariosLas plataformas están en contacto con los grupos parlamentarios en el Congreso con la idea de arrancar una mesa de trabajo para desarrollar las propuestas. De hecho, en febrero ya se reunieron con diputados de PSOE, PP, ERC, Junts, Podemos y PNV para hacerles llegar documentos y alternativas en esta línea.Dentro del arco parlamentario, partidos como Junts, Podemos o Sumar se han mostrado partidarios de otorgar la 'fijeza' por la vía de la ley. Las tres formaciones han incluido enmiendas favorables a esa posibilidad en el proyecto de Ley de Función Pública, que acumula ya casi dos años paralizado en el Congreso.Sin embargo, el Gobierno se sigue oponiendo a la estabilización automática. El ministerio de Función Pública sostiene que la sentencia del supremo "ratifica la imposibilidad de hacer fijos, sin pasar por una oposición, a los trabajadores públicos temporales". E insistió en que la doctrina del constitucional "es contraria a hacer fijos a trabajadores temporales sin que saquen esta plaza en una oposición abierta a todo el mundo". El departamento que dirige Óscar López entiende que el problema de la temporalidad se centra en las comunidades autónomas, por lo que han constituido un grupo de trabajo para buscar soluciones con ellas a tal efecto. El Tribunal Supremo lanzó varios mensajes en su sentencia dirigidos al Gobierno y al Congreso para que tomen medidas legislativas para atajar la temporalidad. "En muchas administraciones hay una cultura de la temporalidad que solo podrá ser atajada por la acción del legislador, en particular estableciendo claras y efectivas responsabilidades individuales a quienes incurran en ella. Los trabajadores que han sufrido dicho abuso en la temporalidad deben recibir la correspondiente respuesta del legislador, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad", recoge el texto.