Punto de encuentroOcho años al frente del MP dejaron un saldo desolador en términos de lucha contra la impunidad.
Llegó finalmente el día en el que podemos escribir este titular en las notas de prensa o en una columna de opinión como la mía. Ocho años de María Consuelo Porras Argueta al frente del Ministerio Público (MP) dejaron un saldo desolador en términos de lucha contra la impunidad, defensa del Estado de derecho y resguardo de la democracia.
Por el contrario, hicieron avanzar la violencia, el aumento de los delitos graves, la persecución penal indebida y selectiva, y estuvieron a punto de consolidar —a no ser por el liderazgo y la dignidad de los pueblos indígenas— un régimen autoritario a partir del desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas en 2023.
La gestión de Porras Argueta se desentendió de la investigación y persecución penal de redes criminales que inhiben el desarrollo de Guatemala, al tiempo que dirigía los recursos y capacidades del MP en contra de los actores democráticos, las voces críticas, el periodismo independiente, los liderazgos sociales, universitarios y ancestrales, y las y los operadores de justicia que abanderaron casos emblemáticos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.
