EDITORIALlos desafíos de las pandillas, el narcotráfico, la corrupción y las mafias transnacionales siguen allí.
Con autoelogios y cifras, invocaciones a Dios y sin mencionar grandes casos que quedaron sin resultados —y no se sabe si se investigaron—, ayer presentó Consuelo Porras su octavo y último informe como fiscal general y jefa del Ministerio Público, cuyo segundo período finaliza hoy. Termina también un ciclo de 16 años de mujeres al frente de la institución. Porras dijo en su alocución que la suya había sido una “gestión histórica”, en afán de connotar algo positivo. Sin embargo, lo histórico también puede deberse a acciones cuestionables e incluso omisiones notorias.
Sus allegados le echan porras, al calificarla como la persona que fortaleció institucionalmente al MP, que amplió su presencia territorial y que impulsó procesos de modernización. Mientras tanto, sus críticos la señalan de desfigurar la lucha anticorrupción y de convertir a la entidad en una barredora de casos. Pero sus mayores detractores son las mismas acciones emprendidas bajo su mando: la persecución contra periodistas por ejercer la libertad de expresión, el abuso de la reserva de casos que conculcó el derecho de defensa, así como el sombrío y dudoso asedio contra la democracia y los resultados electorales —por un supuesto fraude que nunca se llegó a demostrar, pese al secuestro de actas y papeletas—.
