Existe un desajuste entre las expectativas que la sociedad deposita sobre el sistema penal y la experiencia de las mujeres que sufren violencias machistas. Ellas saben que denunciar no siempre implica ser escuchadas, igual que iniciar un proceso judicial no garantiza la reparación. Con demasiada frecuencia, el propio recorrido institucional se convierte de hecho en una nueva forma de daño.PublicidadA esto se suma una distancia cada vez más evidente entre lo que el sistema ofrece, que suele estar relacionado con mecanismos asociados al castigo, y lo que muchas víctimas expresan necesitar: intervenciones elaboradas desde la comprensión, dirigidas hacia el reconocimiento y que ofrezcan garantías de que no volverá a ocurrir.En ese desajuste se ha ido instalando una desconfianza hacia el Estado como espacio del que se espera justicia. Una sospecha que parte del cuestionamiento de la capacidad del modelo punitivo para abordar violencias que son, en esencia, estructurales. En este contexto viene tomando forma la idea de justicia restaurativa.¿La justicia restaurativa sirve para contextos de violencia machista?La politóloga y exconsellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya entre 2022 y 2024 Gemma Ubasart plantea la justicia restaurativa como una revisión profunda del propio concepto de justicia. En sus palabras, "se configura al mismo tiempo como una invitación a reconceptualizar la idea de justicia en pleno siglo XXI y como una práctica concreta que pone en el centro la restauración y reparación de la víctima", incorporando además la asunción de responsabilidades por parte de quien ha causado el daño y el papel activo de la comunidad.De modo que forma parte, aunque de manera desigual, de los sistemas de justicia contemporáneos, también en el ámbito penal, donde puede contribuir a lo que Ubasart, autora del libro Contra el castigo, denomina una "deflación punitiva". Es decir, una reducción del recurso automático al castigo sin por ello abandonar la respuesta frente al daño que haya causado una determinada situación de violencia. PublicidadConviene aclarar que la justicia restaurativa, como tal, no está prohibida en nuestro país. Pero sí está vetado el uso de determinadas herramientas como la mediación o la conciliación en el ámbito de las violencias machistas dentro del sistema judicial. Si bien, como subraya Ubasart, eso no agota ni define el campo de lo restaurativo.Existen múltiples metodologías más allá de esos formatos, algunas de las cuales ya se están aplicando con resultados positivos cuando se dan ciertas condiciones: fundamentalmente, la voluntariedad de las partes y la evaluación por parte de profesionales especializados que estiman si este marco es aplicable o no a cada uno de los casos.Este es un aspecto que Sira Peláez, investigadora en estudios feministas y de género con experiencia en intervención con víctimas, analiza desde la prudencia. Para la experta es importante tener siempre presente que la violencia no es un conflicto, "no es una disputa entre iguales, ni un malentendido susceptible de mediación. Es una expresión de desigualdad estructural, atravesada por relaciones de poder". PublicidadResulta imprescindible, a su parecer, que este matiz forme parte de los discursos sobre justicia restaurativa. Si no, "se puede tender a trasladar herramientas pensadas para conflictos interpersonales a contextos donde lo que hay es violencia estructural"."Hay riesgo de hablar alegremente sobre justicia restaurativa cuando todavía no se ha consolidado un marco de reparación y de reconocimiento de los daños", advierte Peláez, que también deja claro que no está de acuerdo "con el modelo carcelario, ni con el sistema de penas". Para ella, lo más complejo de este modelo es mantener adecuadamente los equilibrios necesarios para no "caer en situaciones de impunidad". Porque, en la práctica, uno de los grandes obstáculos es que muchas veces ni siquiera se cumple la condición básica de reconocimiento del daño. Y sin ese reconocimiento, señala, no hay proceso restaurativo posible.La violencia no se entiende sin entender el poderTal y como plantea el artículo Violencias sexuales: un debate sobre el poder, publicado en Pikara Magazine, reducir estas violencias a conflictos o a hechos aislados implica despolitizarlas. Pues hablamos de expresiones de una estructura de desigualdad que organiza las relaciones sociales. Desde esta perspectiva, cualquier propuesta de justicia (también la restaurativa) debe partir de esa base. De otro modo se corre el riesgo de reproducir las mismas condiciones que hicieron posible la violencia.El propio artículo advierte de los límites de ciertos discursos que, en nombre de la complejidad o de la superación del punitivismo, introducen ambigüedades en torno a la definición, en el caso que analizan, de la violencia sexual. Pero es extrapolable a otros tipos de violencias contra las mujeres.En un contexto de reacciones antifeministas, "abrir este tipo de debates sin anclarlos en el reconocimiento de la violencia como problema estructural" puede, como señala la experta Sira Peláez, "desplazar el foco hacia interpretaciones que relativicen el daño o que vuelvan a situar bajo una mirada sospechosa la palabra de las víctimas". De ahí que resulte vital la correcta consideración de los contextos por parte de las profesionales especializadas. La agencia de las mujeres victimizadas"¿Estamos como sociedad preparadas para implementar la justicia restaurativa, en un contexto donde no hay una definición concreta de la comunidad y de qué agentes forman parte de esa comunidad para poder implicarse en esos procesos restaurativos?", se pregunta la investigadora. En el centro de todo, insiste Peláez, deben estar las víctimas. Pero "no desde una mirada paternalista". "La agencia no se pierde", afirma. Lo que ocurre es que "socialmente se la hemos quitado". Por tanto, no se trataría tanto de "devolver" algo que falta, sino de reconocer una capacidad que ya existe. Y, desde ahí, garantizar que las decisiones -ya sean denunciar, no denunciar, participar en procesos restaurativos o no- sean verdaderamente libres.Pero también aquí la experta en intervención de la violencia machista señala una serie de riesgos que hay que considerar. Por ejemplo, la posibilidad de que la justicia restaurativa se convierta en una nueva forma de "presión moral". Es decir, que se espere de las víctimas que opten por ella para ser consideradas más "avanzadas", más "feministas". O, en el extremo contrario, que se las culpabilice por no denunciar.PublicidadEn cualquier caso, Peláez considera que se trata de un debate enriquecedor, no por ello poco tensionado. Y remarca que no es lo mismo discutir cómo reparar la violencia que "cuestionar qué es la violencia": "Mezclar ambos planos -algo que está ocurriendo en el debate público- puede generar "confusión" y efectos materiales especialmente dañinos para las víctimas"."El castigo es una forma de desresponsabilizarse"Para Laura Macaya, experta en la aplicación de justicias transformativas y restaurativas en el abordaje de las violencias machistas, lo interesante de los procesos de justicia restaurativa es que sitúa el debate sobre la violencia en un marco mucho más amplio que el estrictamente judicial. La justicia restaurativa es, ante todo, "una forma de administrar justicia y gestionar los daños que se producen en la convivencia de cualquier comunidad viva". Esto es, que forman parte de la vida social, aunque se intensifican en contextos atravesados por la desigualdad, la precariedad y la falta de condiciones materiales para sostener la vida. Y que, al mismo tiempo, reflejan la expresión de un sistema muy desigual que seguirá reproduciendo violencia mientras no se transforme. Esta lectura, de paso, también cuestiona el binarismo tradicional entre inocencia y culpabilidad, que obliga constantemente a las víctimas a demostrar su "pureza" para resultar creíbles.PublicidadMacaya insiste además en desmontar la idea de que la justicia restaurativa es "blanda" o limitada al perdón. "El castigo es en sí mismo una forma de desresponsabilizarse", sostiene. Una persona puede pasar años en prisión sin conectar nunca con el daño causado, sin asumir responsabilidades reales y sin hacer nada para reparar a quien ha sufrido la violencia ni para garantizar que no volverá a ejercerla. Y precisamente esa garantía de no repetición, recuerda, es una de las principales demandas de muchas víctimas.El sistema penal clásico, a su juicio, parte de una lógica muy concreta que condiciona toda la intervención posterior. La primera pregunta que se formula es si lo ocurrido constituye o no un delito. Pero ese marco deja fuera una enorme cantidad de daños que, aunque no estén tipificados penalmente, afectan a la vida de las personas victimizadas y a la convivencia colectiva. Macaya recuerda, a su vez, que aquello que una sociedad considera delito responde siempre a decisiones políticas e históricas. "El sistema penal ni garantiza seguridad, ni produce reparación, ni establece condiciones reales para que eso ocurra", explica. Como ejemplo, contrapone el hecho de que robar para comer esté penalizado mientras prácticas como la especulación con la vivienda, pese a su enorme impacto social, no lo estén. Frente a esa lógica, la justicia restaurativa consiste en desplazar completamente el centro de las preguntas. Ya no se trata únicamente de determinar qué norma se ha vulnerado o qué castigo corresponde. Se trata de preguntarse qué ha ocurrido, a quién ha afectado, qué responsabilidades pueden asumirse y qué necesita cada parte para reparar el daño y evitar su repetición. En ese cambio de enfoque, la cuestión de la agencia que mencionaba Sira Peláez ocupa un lugar central. Y no solo la de las víctimas, también la de todas las personas implicadas.Publicidad"Muchas víctimas de violencias graves, cuando dicen que quieren denunciar, no lo hacen necesariamente porque confíen en el sistema penal, sino porque quieren que pase algo, que haya una respuesta, que lo que han vivido no quede sin consecuencias. El problema es que la denuncia es prácticamente la única vía que nos han enseñado para que eso ocurra", señala.Para Macaya, reconocer la capacidad de decisión de las personas que han sufrido violencia es lo que permite que la justicia deje de ser algo impuesto desde fuera y pase a construirse desde las propias necesidades de quienes atraviesan el daño tras haber sufrido una situación violenta. De lo contrario, advierte, la figura de la víctima corre el riesgo de convertirse en un instrumento legitimador del sistema penal y de determinadas políticas punitivas o securitarias.