El acuerdo entre el Gobierno, el Defensor del Pueblo y la Conferencia Episcopal marca un cambio de paradigma en la gestión de los abusos de la Iglesia para evitar la impunidad e impedir que vuelvan a repetirse
El próximo miércoles 15 de abril entra en funcionamiento el sistema de reparación a las víctimas de abusos en la Iglesia católica firmado
onomicas.html" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://elpais.com/sociedad/2026-03-30/la-iglesia-y-el-gobierno-firman-el-protocolo-para-indemnizar-a-las-victimas-de-pederastia-sin-incluir-baremos-ni-cantidades-economicas.html" data-link-track-dtm="">entre el Gobierno, el Defensor del Pueblo y la Conferencia Episcopal Española. Este contempla, entre otras cuestiones, el pago de indemnizaciones a cargo de fondos del clero. El acuerdo no ha sido fácil. Después de dos años de negociación, intervención papal de por medio, el ministro Félix Bolaños conseguía la rúbrica del acuerdo el 8 de enero, y la plasmación de un protocolo el 30 de marzo.
La Defensoría del Pueblo, por medio de la Unidad de Víctimas, será la encargada de estudiar cada caso, escuchar las partes y elaborar una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (que puede comportar medidas simbólicas, de acompañamiento, restaurativas y/o económicas). Si hay conformidad, la propuesta tendrá carácter definitivo. Si esta no se produce, se derivará el caso a la Comisión Mixta (conformada por las instituciones firmantes y asociaciones de víctimas) para tratar de llegar a un acuerdo. Si no ocurriera, la valoración del ombudsman será la que prevalecerá.
