¿Acaso debemos Gobierno e Iglesia limitar de antemano la cuantía que una persona pueda recibir como máximo por los abusos sufridos?
Este lunes el Gobierno, el Defensor del Pueblo y la Iglesia católica en España firmamos un histórico protocolo para activar un sistema de reparación a quienes siendo menores o personas con discapacidad sufrieron
-de-datos-de-el-pais-todos-los-casos-conocidos-de-abusos-en-la-iglesia-espanola.html" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://elpais.com/sociedad/2023-06-26/base-de-datos-de-el-pais-todos-los-casos-conocidos-de-abusos-en-la-iglesia-espanola.html" data-link-track-dtm="">abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica y ya no pueden acudir a los tribunales de justicia. Este acuerdo ha culminado un proceso de negociación de dos años en el que el Gobierno ha apostado por el diálogo y el entendimiento, desde la firmeza en la defensa de las víctimas, para dar una respuesta eficaz a una realidad que había permanecido ignorada durante décadas.
La necesidad de hacer frente a esta situación comenzó a ver la luz gracias al trabajo periodístico de medios como EL PAÍS, al coraje de las asociaciones de víctimas, y al rigor del Defensor del Pueblo, que, a instancia del Parlamento, hizo público en octubre de 2023 un informe fundamental en el que apuntaba hacia la necesidad de configurar un sistema mixto de reconocimiento y reparación, donde el Estado tuviera un rol principal.
