El protocolo para indemnizar a las víctimas de la pederastia en la Iglesia española adolece de falta de claridad en los cálculos
Casi tres meses después de que la Iglesia católica y el Gobierno firmasen un acuerdo para el reconocimiento y la reparación de las víctimas de abusos sexuales en la institución eclesiástica, ambas partes rubricaron ayer, junto al Defensor del Pueblo, el protocolo que permitirá su aplicación efectiva. Todo estaba listo para escenificar el acuerdo hace dos semanas, pero los obispos lo aplazaron en el último momento sin explicaciones. Desde el 15 de abril, cuando entre en vigor, un número indeterminado de víctimas cuyos casos no pueden ser juzgados penalmente (porque los delitos han prescrito o los agresores ya han fallecido) podrán verlos resueltos en seis meses como máximo. Poner en marcha un procedimiento tasado y garantista, y la asunción de responsabilidades por la Iglesia, con la evidente rectificación que ello supone, es lo más elogiable de una reparación que debería haber llegado hace años. Lamentablemente, el texto no detalla ni cifras concretas ni baremos para fijar las indemnizaciones a las víctimas.
El dolor de los miles de víctimas de la pederastia eclesial no se puede tasar en dinero. Tampoco los muchos años en los que sus denuncias fueron minimizadas cuando no directamente negadas por una jerarquía eclesiástica que se ha resistido durante años a afrontar la realidad de su mayor escándalo, incluso a pesar del unánime rechazo social que producen los hechos denunciados. La indemnización no es un simple pago, sino el símbolo de la indispensable reparación a la víctima por parte de su agresor, o de quien no hizo todo lo posible por evitar los abusos, o prefirió sepultarlos.
