En el escándalo de los abusos sexuales cometidos durante décadas en el ámbito de la Iglesia católica española —y en cuyo conocimiento público ha sido fundamental la investigación realizada por EL PAÍS— el capítulo de reparación a las víctimas constituye, junto al esclarecimiento de los hechos y al castigo a los culpables, un pilar básico. Sin embargo, con los datos en la mano, resulta evidente que la jerarquía eclesial no está respondiendo como esperan los damnificados y la sociedad en su conjunto.
Solo una cantidad ínfima —no llega al medio centenar— de las víctimas reconocidas por la Iglesia ha recibido una compensación económica más de medio año después de que la Conferencia Episcopal decidiera actuar unilateralmente —es decir, sin colaboración ni coordinación con el Estado— y creara su propia “comisión de arbitraje”. Se trata, es cierto, de un mecanismo que nunca había sido utilizado antes y que pueden surgir dificultades imprevistas, pero no es menos cierto que, dada la naturaleza de delito y de la extensión del daño infligido, la reparación es acreedora de la máxima celeridad y de la máxima colaboración con otras instancias y administraciones. En ambos aspectos la jerarquía eclesial española está fallando.
