En 2020 caminamos Emilio Álvarez Icaza, Julián LeBarón y yo por Chilapa, junto con comunidades indígenas que vivían entre el miedo, la rabia y la dignidad. Fuimos por invitación de un líder comunitario para marchar por la paz, con familias que no pedían privilegios ni discursos, pedían lo más básico que un mexicano puede pedir: que no las mataran, que no les desaparecieran a sus hijos, que no las obligaran a huir.Esta semana le escribí a Aureliano, la persona que nos convocó entonces. Me respondió: “Estamos bien... bien indignados, bien encabronados y bien decididos a continuar esta defensa de nuestras familias y de las víctimas de la narcoviolencia provocada por Los Ardillos”. Luego agregó, “ayer firmaron o renegociaron el narcopacto entre gobierno estatal, federal y narcodelincuentes, pero lo disfrazan de acuerdos por la paz”.Esa frase resume la tragedia de La Montaña de Guerrero. Las comunidades saben quién las agrede, quién simula protegerlas y quién administra la violencia en lugar de desmontarla.Hoy, comunidades nahuas de la Montaña baja, como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, viven otra vez bajo asedio. Han denunciado ataques, drones con explosivos, viviendas quemadas, cosechas destruidas, animales asesinados, desapariciones y desplazamiento forzado. Cientos de personas han tenido que huir. El gobierno, como siempre, no reconoce el problema y llega tarde.La violencia en la Montaña no es un episodio aislado, sino la consecuencia de abandono institucional, pobreza extrema, racismo, debilidad municipal y ausencia de justicia. Lo que pasa en La Montaña es el resultado de un Estado que permitió que otros poderes gobernaran el territorio.Un terrible antecedente ocurrió en mayo de 2015, cuando un grupo vinculado a Los Ardillos irrumpió en Chilapa y se llevó a decenas de jóvenes que siguen desaparecidos. La salida de ese grupo se negoció políticamente, sin esclarecer los hechos ni castigar a los responsables.Por eso indigna tanto la respuesta oficial; después de los ataques, el gobierno federal y el estatal instalaron un supuesto grupo de diálogo. Lo llaman construcción de paz, pero las comunidades lo llaman narcopacto.Y tienen razón en sospechar, porque cuando un grupo criminal ataca, desplaza, desaparece y aterroriza comunidades, el Estado no debe sentarse a renegociar equilibrios; debería proteger a las víctimas, detener a los responsables, investigar complicidades y garantizar retornos seguros. Dialogar con criminales es reconocerles su poder político.El informe de la CIDH sobre desapariciones debería leerse desde La Montaña. La Comisión advierte que la desaparición es una crisis estructural, vinculada en muchos territorios con el crimen organizado y con posibles formas de omisión o connivencia estatal. También recomienda investigar contextos, responsabilidades de funcionarios y condiciones territoriales que permiten la desaparición. La CIDH hizo recomendaciones, pero las comunidades llevan años advirtiendo el desplazamiento forzado y buscando a sus desaparecidos. Lo que falta es Estado, no diagnósticos.La Montaña es justamente un contexto de desaparición, desplazamiento y terror. No son hechos aislados, ni familias que “decidieron irse”; son pueblos indígenas obligados a sobrevivir entre criminales armados y autoridades que no los protegen.El subsecretario Arturo Medina presumió ante la CIDH el diálogo con colectivos, reformas, plataformas y capacidades de búsqueda. Pero las comunidades no huyen por falta de reformas administrativas; huyen porque les disparan, les queman sus casas, desaparecen personas y el Estado no impide que los criminales decidan quién se queda, quién se va y quién muere.Cuando un gobierno sustituye la justicia por mesas con quienes aterrorizan comunidades, no construye paz. Confirma que, para los más pobres, para los indígenas, la seguridad sigue siendo promesa y la justicia, burla.Así, en La Montaña de Guerrero no se firmó la paz, se volvió a firmar el abandono.Presidenta de Causa en Común Únete a nuestro canal