Los asesinatos de las últimas tres semanas, entre ellos el del alcalde de Uruapan, golpean de lleno la narrativa optimista del Ejecutivo contra la delincuencia
El recrudecimiento de la violencia en Michoacán ha abierto una grieta en los esfuerzos del Gobierno de México contra la delincuencia. Los asesinatos registrados en este Estado del centro del país en las últimas semanas desafían la política de seguridad del Ejecutivo, que dirige Claudia Sheinbaum, de Morena, centrada en los últimos meses en Sinaloa, y la guerra entre facciones del Cartel del Pacífico. Los ataques mortales contra el
-que-lo-mataron-aprovechando-un-evento-publico.html" data-link-track-dtm="">alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el líder de productores de limón, Bernardo Bravo, golpean de lleno la narrativa optimista del Gabinete de Seguridad, insistente en destacar reducciones en delitos de alto impacto, principalmente los asesinatos.
Desde octubre del año pasado, cuando Sheinbaum tomó posesión, las cifras muestran una reducción de la violencia homicida, además de delitos especialmente lesivos para la ciudadanía, como los robos con violencia o los secuestros. Los casos de extorsión repuntan, sin embargo, dibujando un panorama engañoso. La extorsión esconde esquemas donde criminales subyugan gremios productivos importantes para sociedades medianas, caso de Uruapan, gremios agrícolas, ganaderos y comerciales. Muchas veces, las víctimas no denuncian, por miedo. Y esa falta de denuncias, esa aparente tranquilidad, redunda en cierta inacción gubernamental, acostumbrados, los gobiernos, a la reacción y no tanto a la planeación.
