La Ley del Derecho al Voto, uno de los frutos más perdurables de la era de los derechos civiles, prohibió en 1965 que los políticos racistas del sur de Estados Unidos suprimieran con tretas el sufragio de los ciudadanos negros. El miércoles, la supermayoría conservadora del Tribunal Supremo completó la tarea de demolición de esa norma, gravemente herida ya por dos sentencias anteriores. El nuevo fallo declara inconstitucional el diseño del segundo distrito de mayoría afroamericana de Luisiana y abre la puerta a un cambio de las reglas democráticas potencialmente favorable al Partido Republicano en otros Estados del sur. Más allá de las consecuencias a largo plazo de la decisión judicial, que dificultará que las minorías se vean reflejadas en los políticos que las representan, el Supremo entra con ella en una guerra que libran conservadores y demócratas desde hace casi un año para ver cuál de los dos partidos logra prepararse mejor el terreno para la cita con las urnas del próximo noviembre. Son las midterms, elecciones legislativas de medio mandato en las que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Los republicanos llevan las de perder según las encuestas, en las que la guerra de Irán y el precio de la gasolina, el coste de la vida y la impopularidad de su líder, Donald Trump, amenazan con pasarles factura. Esta semana, el partido ha recibido del Supremo munición extra, y Trump, que celebró la noticia sin disimulo ―“¡es la clase de sentencia que adoro!”―, ha puesto a los suyos a trabajar para cambiar los mapas electorales allá donde el fallo lo permita. El objetivo es contener como sea las pérdidas en noviembre. Porque, más allá de las consideraciones de justicia racial y del fomento de la igualdad en una sociedad fundada sobre los pecados originales de la esclavitud y el genocidio indio, un distrito en el que una minoría es mayoritaria suele ser un distrito que vota demócrata. No está claro si todos los estados tendrán tiempo para hacerlo ahora, pero nadie duda de que esos cambios tendrán efecto en las elecciones de 2028. De momento, Luisiana ha aplazado hasta mediados de julio la celebración de sus primarias, para poder cambiar entretanto la circunscripción que originó la demanda que pusieron unos votantes blancos. Estaban previstas para la semana que viene, así que el Supremo sí ha llegado a tiempo para eso. Salvo excepciones, sus sentencias se dan a conocer a finales de junio. Al adelantarse a finales de abril, todo indica que sus seis magistrados conservadores no querían perder la oportunidad de influir en las elecciones de ese Estado del sur profundo. Y más allá. Los gobernadores republicanos de Alabama y Tennessee convocaron el viernes a sus respectivos parlamentos estatales a sesiones extraordinarias para rediseñar los mapas del voto a la luz del fallo, y nadie descarta que Georgia y Carolina del Sur sigan sus pasos. El Congreso de Florida, por su parte, aprobó esta semana un mapa que adjudica cuatro escaños más en Washington al Partido Republicano en virtud de la antidemocrática técnica del dibujo partidista de los distritos (el famoso gerrymandering). Estos últimos movimientos se suman, por el lado conservador, a los de Texas, Ohio, Misuri y Carolina del Norte, así como a la respuesta de California y Virginia, cuyos dirigentes demócratas consultaron a sus electores si querían introducir cambios en las reglas que les fueran favorables a ellos, y votaron que sí. El panorama lo completan los llamamientos de Trump a “nacionalizar” las elecciones, despojando a los Estados de un derecho que les otorga la Constitución, sus declaraciones de que mejor sería si no se celebraran, la sospecha de que pueda desplegar agentes de su policía migratoria (ICE) en torno a los colegios electorales, la publicación de un decreto que anima al servicio postal a no aceptar el voto por correo o su obsesión por sacar adelante una ley que endurecerá las exigencias para participar.Todo contribuye a un clima preelectoral extraordinariamente enrarecido en Estados Unidos, que se dispone a votar por primera vez con Trump en la Casa Blanca desde que este alentó una insurrección tras negarse a aceptar una derrota electoral en las presidenciales de 2020 que aún no reconoce. Ni él, ni muchos de sus simpatizantes. Esta semana, durante su audiencia de confirmación ante el Senado, tres jueces federales nombrados por el presidente de Estados Unidos definieron el asalto al Capitolio como “un asunto políticamente controvertido” y a Joe Biden, no como el ganador de aquella cita, sino como “aquel al que dieron por ganador”. “Creo que las midterms serán libres y justas, pero también que lo serán menos de lo que lo han sido en los últimos 20 o 30 años”, explicó este viernes por videoconferencia el influyente analista Fareed Zakaria, columnista de The Washington Post y presentador de CNN. “En los sesenta y setenta, el partido en el poder en Estados Unidos tenía muchos recursos para desincentivar la participación electoral. Si el resultado es claro, no creo que sea posible suprimir en noviembre una cantidad de votos determinante”. Zakaria recuerda, con todo, que el “mayor peligro” de este país es lo limpiamente dividido por la mitad que está ideológicamente. “Basta con seleccionar 5 o 6 estados y, dentro de ellos, elegir 5 o 6 zonas específicas con lo que se conoce como las ‘poblaciones indecisas’ para influir en el resultado", dice el experto.Tradición antidemocráticaQue una democracia de 350 millones de habitantes se dirima por un puñado de votos no es la única anomalía de un sistema petrificado hace más de dos siglos. Otra de sus características es, desde principios del XIX, el gerrymandering, bautizado a partir de Elbridge Gerry, quinto vicepresidente de Estados Unidos, quien, para favorecer a un amigo, dibujó un distrito con forma de salamandra (y de ahí la segunda parte del barbarismo).Cada 10 años, con la actualización del censo estadounidense, se redistribuyen los 435 escaños de la Cámara de Representantes, una cantidad fija congelada desde 1929. Entonces, los Estados que ganan población crecen en asientos, y viceversa.Es también el momento para que los políticos en el poder, demócratas y republicanos por igual, revisen sus mapas, y que lo hagan en su propio beneficio electoral, dibujando circunscripciones de formas imposibles, juntando votantes que no guardan relación entre sí o diluyendo la representación de las minorías. El distrito que ha tumbado el Supremo recuerda a una serpiente y estaba en vigor desde 2022. Se pensó para crear la segunda circunscripción de mayoría negra de un Estado con un tercio de población afroamericana. En 2024, sus votantes eligieron a Cleo Fields, lo que trajo por primera vez algo que la composición demográfica de Luisiana hizo parecer razonable: que dos de sus seis congresistas en Washington fueran afroamericanos. Los otros cuatro son blancos. También existe lo que se conoce como el "gerrymandering a mitad de década", que es el que se da entre censo y censo. Normalmente, se pone en práctica por orden de un juez, cuando los mapas se impugnan en los tribunales. “Lo que estamos viendo ahora, este rediseño unilateral generalizado, carece de precedentes”, aclara en una conversación telefónica Kareem Crayton, del Brennan Center for Justice, entidad no partidista de referencia en derecho electoral en Estados Unidos. “Nunca se habían cambiado los mapas por presiones de la Casa Blanca, como sucedió en Texas en verano pasado”. Su gobernador, Greg Abbott, diseñó un dibujo que pretendía dar cinco escaños más a los republicanos. Ahí empezó lo que rápidamente se bautizó como las “guerras del gerrymandering”. Primero se sumó California −y su líder, Gavin Newsom, que abandera la escuela de pensamiento demócrata que apuesta a “combatir el fuego con fuego”− y, después, Virginia, cuyo nuevo mapa, más liberal, está impugnado ante el Supremo estatal. Con tantas sumas y restas, no está claro si el resultado será finalmente de suma cero; puede que ni republicanos ni demócratas salgan finalmente beneficiados. “Lo que es seguro”, lamenta Crayton, es que “todo esto añadirá confusión para muchos votantes, que no sabrán bien qué distrito es el suyo”. El fallo del Supremo de esta semana añade un poco más de incertidumbre al considerar que el “gerrymandering racial” es contrario a la Constitución. La opinión mayoritaria considera que el texto fundamental, que esos magistrados acostumbran a tomarse al pie de la letra casi 240 años después de su redacción, es “color blind”; literalmente, ciego ante el color de la piel. La sentencia no ve ningún problema, en cambio, en el gerrymandering partidista. “No solo están de acuerdo con ese tipo de manipulación, sino que esencialmente han respaldado que el partidismo sea, de ahora en adelante, el único criterio”, opina en un e-mail Paul Collins, profesor de Derecho de la Universidad de Massachusetts y experto en la politización del alto tribunal. “Lo que han hecho es básicamente poner los intereses políticos en primer plano en la elaboración de mapas”, advierte Crayton.La respuesta a la sentencia de los congresistas demócratas afroamericanos fue airada. El senador Raphael Warnock (Georgia) la definió como “Jim Crow con nuevos ropajes”, en referencia al sistema legal que perpetuó la discriminación racial por otros medios en los Estados del Sur tras la abolición de la esclavitud. El líder de la minoría en la Cámara de Representanets, Hakeem Jeffries enumeró, por su parte, las “pérdidas” acumuladas en los últimos años: la discriminación positiva en las universidades, socavada por un fallo del Supremo de 2023, los programas de diversidad, equidad e inclusión, prohibidos por decreto por Trump, y la “tolerancia racial”. “No permitiremos que prospere este plan para amañar las midterms”, advirtió a sus rivales. Hace un par de semanas, este político de Nueva York fue noticia por unas declaraciones que probaron de nuevo que los demócratas también se han quitado los guantes en esta pelea. “Traten de jodernos y verán”, dijo Jeffries a los republicanos de Florida, que, en previsión del sentido del fallo del Supremo, tramitaron en el Congreso de Tallahassee un mapa electoral que tiñe de rojo (el color conservador en este país) todo el territorio salvo por un puñado de puntos azules. Está listo a la espera de la firma del gobernador, Ron de Santis. Jeffries confía en que el voto de castigo a Trump será tan contundente, dos años después de la victoria que lo llevó de vuelta a la Casa Blanca, que ni siquiera esas zancadillas impedirán a los suyos ganar en ese Estado, donde recientemente obtuvieron una serie de contundentes victorias en elecciones celebradas en feudos trumpistas.Se antoja poco probable una victoria demócrata en Florida, aunque Trump parece dispuesto a no dejar nada al azar para evitar que una o las dos Cámaras caigan en manos enemigas, lo que pondría en peligro la segunda parte de su mandato y quién sabe si podría costarle un tercer impeachment (juicio político). Lleva meses presionando a los suyos en el Capitolio para que logren antes de las midterms la aprobación de una ley llamada SAVE America (Salvemos Estados Unidos) y que, si es necesario, acaben con el filibusterismo, esa mayoría cualificada que se exige en el Senado para las reformas de calado. Esa ley entorpecería la participación democrática de millones de personas con la justificación de evitar el fraude electoral de los inmigrantes irregulares.En marzo, el presidente dijo en un acto en Miami que aprobarla “garantizaría” no solo la victoria en noviembre, sino que los demócratas no ganen una elección “en los próximos 50 años y quizá en más tiempo”. No pareció importarle lo antidemocrática que suena la sola idea.