Sindicatos policiales y de funcionarios de prisiones denuncian que es “contradictorio” con el requisito de antecedentes penales
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha remitido una comunicación a las 80 cárceles que dependen de la Administración General del Estado (excepto las de Cataluña y País Vasco) para que se informe a los presos preventivos migrantes sobre l...
a regularización y se les ayude a conseguir la documentación. Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska señalan que la medida puede afectar a unos 3.500 internos extranjeros y enmarcan esta decisión en la normalidad del funcionamiento de las cárceles, donde el personal ayuda a la población reclusa con los trámites con la administración. Sindicatos policiales y de funcionarios de prisiones advierten de que facilitar la regulación desde prisión evidencia “contradicciones”.
Uno de los requisitos para los migrantes que quieran acogerse al decreto de regularización es el de carecer de antecedentes penales, por lo que, según puntualizan fuentes de Interior, los únicos que en este momento podrían acogerse, en principio, dentro de prisión serían los que están de forma preventiva, sin condena. La reacción del PP a esta carta ha sido inmediata. La eurodiputada y vicesecretaria de coordinación sectorial, Alma Ezcurra, puso a última hora de este lunes un tuit que decía que “un preso preventivo es aquel al que un juez ha enviado a la cárcel por riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva (art. 503 LECrim). Es decir, alguien sobre quien pesa una sospecha de delito grave”. Otras fuentes del PP añaden que la prisión preventiva es una medida cautelar “que priva de libertad a un investigado durante un proceso penal antes de una sentencia firme” y se preguntan si esto no supone “un riesgo de orden público”.
