El juzgado de instrucción número 19 de Madrid ha ordenado a la dirección policial del Centro de Internamiento para Extranjeros de Madrid, donde migrantes sin papeles son encerrados para proceder a su expulsión, que facilite el acceso de los internos al procedimiento de regularización extraordinaria, tal y como habían solicitado las ONG. El magistrado, en sus labores de vigilancia CIE de Aluche, ha exigido a la Policía habilitar un espacio en las propias dependencias de este centro “para su uso como despacho desde el que se realicen tales gestiones”, para evitar su exclusión del procedimiento extraordinario -cuyo plazo finaliza el próximo 30 de junio-. Hasta ahora, los internos solo podían pedir la regularización a través del pago de un abogado privado, lo que a juicio de las organizaciones incurría en discrimnación de trato.
Varias ONG habían denunciado ante los juzgados de control la falta de una vía para que las personas internas en el CIE de Aluche pudiesen informar sobre el proceso de regularización y realizar las gestiones oportunas para presentarlo, un trámite que a su vez podría librarles del retorno, dado que el procedimiento extraordinario no ha frenado la maquinaria de expulsión y estos centros siguen encerrando a personas que pueden cumplir los requisitos. Las organizaciones que han registrado la queja son Pueblos Unidos/SJM, Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, el Centro para la Documentación de la Tortura, Asociación Mundo en Movimiento y la Coordinadora de Barrios.
