Los más de 865.000 euros en multas desde 2019 ejemplifican los retos de un sistema al que la Comunidad quiere añadir ahora 40 nuevos centros en colaboración público-privada
“Se la encontraron con la sujeción abdominal cruzada debajo del brazo hasta el cuello y el hombro izquierdo, quedando totalmente atrapada. Ya no respiraba”....
Doña PGC (así se la denomina en documentación oficial) muere estrangulada por la sujeción de su cama en la residencia de las Peñuelas, en Madrid, el 11 de abril de 2023. El Gobierno autonómico penaliza al centro con una sanción de 24.851,66 euros. Pero no lo hace por la muerte en sí, sino porque considera que la residencia no se la ha comunicado como debería. El castigo, y la cuantía, que la oposición considera irrisoria, no son una excepción en el mundo de las 18 residencias madrileñas de gestión público-privada. Entre 2019 y 2025, las sanciones autonómicas impuestas por comida caducada, falta de personal, suciedad o incumplimiento del deber de comunicar hechos como la muerte de PGC, han superado los 865.000 euros, según documentos consultados por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. En ellos se recoge de puño y letra el testimonio de los técnicos de la administración, que cobran especial relevancia ahora que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso apuesta por ampliar la red con un nuevo modelo consistente en ceder 40 parcelas públicas para construir otras tantas residencias de gestión público privada.
