Parece que no es legítimo preguntarse si Noelia Castillo recibió del sistema público, que la tutelaba, la atención que necesitaba en la adolescencia
Si Noelia Castillo hubiera muerto en octubre de 2022, cuando se arrojó desde un quinto, nadie habría conocido su nombre, habría sido la suicida número 4.228. Pero, aun sin rostro, como parte de una estadística, habríamos lamentado su muerte, nos habríamos preguntado qué falló, nos habría provocado escalofríos recordar que
is.com/salud-y-bienestar/2023-02-09/que-se-puede-hacer-en-espana-para-frenar-el-crecimiento-de-los-suicidios.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/salud-y-bienestar/2023-02-09/que-se-puede-hacer-en-espana-para-frenar-el-crecimiento-de-los-suicidios.html" data-link-track-dtm="">la primera causa de muerte juvenil sea el suicidio, habríamos debatido sobre la ineficacia del sistema público a la hora de tratar los problemas de salud mental, habríamos reflexionado sobre esta sociedad rota que empuja a los más vulnerables a la desesperación.
Pero Noelia no murió aquel día, como tampoco lo hizo en sus anteriores intentos autolíticos, sino que quedó parapléjica. Y el dolor físico se sumó al psicológico —había sido diagnosticada con trastorno límite de la personalidad (TLP), trastorno obsesivo compulsivo y depresión—. Dos años después de arrojarse al vacío pidió la eutanasia, que acabó ejecutándose este jueves. Y una parte de la opinión pública que habría llorado su suicidio si lo hubiera conseguido llevar a cabo en 2022, tras ser abusada sexualmente, lo celebró esta semana como una conquista. Como si lo que mediara entre una tragedia evitable y una muerte digna fuera poder remitirse al BOE o al veredicto funcionarial.
