Los intentos de obstruir por la vía judicial el derecho a la eutanasia de la joven no han hecho más que prolongar su sufrimiento
El final de la vida de Noelia Castillo, tal y como ella había pedido, debería haberse cumplido, en la intimidad y sin ruido mediático, el 2 de agosto de 2024, fecha para la que estaba programada su eutanasia después de pasar todos los filtros y con todas las garantías que contempla la ley. Pero murió este jueves, a los 25 años, ejerciendo su derecho a la muerte digna, con su historia convertida en un asunto público zarandeado por la judicialización a la que su propio padre decidió someter el caso.
Tras una infancia en una familia disfuncional y una adolescencia bajo la tutela de instituciones sociales, Noelia estaba parapléjica y padecía un sufrimiento “grave, crónico e imposibilitante” desde que en 2022 se arrojara desde un quinto piso después de sufrir una violación múltiple. El deseo de poner fin a su padecimiento acogiéndose al derecho a la eutanasia se vio, sin embargo, saboteado por una cruzada judicial que ha añadido casi dos años de dolor a su existencia.
Impulsado por Abogados Cristianos —una fundación de ultraderecha conocida por torpedear la aplicación de esta ley—, su padre —quien, según la propia Noelia, nunca se ocupó de ella— interpuso sucesivos recursos alegando que su hija no gozaba de plenas facultades para decidir. Todos los jueces de todas las instancias —hasta el Tribunal de Estrasburgo el pasado 10 de marzo— ampararon la decisión de la joven. Este mismo jueves era denegada la suspensión in extremis de la eutanasia solicitada por Abogados Cristianos en nombre del progenitor ante un juzgado de instrucción de Barcelona. El resultado de la batalla ideológica de esta fundación ultra a costa de Noelia Castillo y contra su deseo soberano es devastador: 601 días de demora en un proceso que la legislación dispone precisamente para evitar que se prolongue un sufrimiento innecesario.
