Santiago Abascal tiene la obligación de aclarar la financiación de su partido. Sus disidentes, la de probar las irregularidades que denuncian
La purga dictada por el presidente de Vox, Santiago Abascal, contra destacados miembros del partido y el manifiesto en el que una quincena de exdirigentes critican la opacidad en las finanzas del líder y le exigen la convocatoria de un congreso extraordinario tienen una relevancia que va más allá de la vida interna de la formación ultraderechista. Las batallas entre familias o sectores por lograr parcelas de poder son habituales en todos los partidos. También, aunque afortunadamente menos, que se aleje a los disidentes de los cargos de relevancia orgánica o institucional. El problema es que las actuaciones y declaraciones pasadas y recientes de algunos de los purgados en los últimos dos años y medio, como Iván Espinosa de los Monteros, Macarena Olona, Juan García-Gallardo o Javier Ortega Smith, no solo retratan una formación amordazada por el hiperliderazgo de Abascal, sino que vuelven a proyectar sombras sobre las cuentas del tercer partido de España.
Pese a su electoralista discurso antisistema, Vox es, gracias a sus votos, tan parte del sistema como sus rivales, a los que, siempre sin aportar pruebas, acusa repetidamente de corruptos. Tiene 33 diputados en el Congreso, dos senadores, 130 diputados autonómicos y cientos de concejales; formó parte de cinco gobiernos autonómicos y está negociando regresar a tres de ellos. Como cualquier otro partido, su financiación no puede ser opaca. Se debe pues investigar aquello que la justicia o el Tribunal de Cuentas consideren necesario para asegurarse de que cumple unas leyes que obligan a todos. También como en cualquier otro partido, su estructura interna y su funcionamiento deben ser democráticos porque así lo establece la Constitución.
