El ex secretario general formaba parte hasta 2022 del comité de gestión que controlaba todos los pagos del partido
Javier Ortega Smith ha empezado a levantar la alfombra de la supuesta corrupción en el partido que fundó y al que formalmente sigue perteneciendo, aunque Vox lo haya dado ya por expulsado. Por vez primera, ha asegurado que su relevo como secretario general de la formación ultra, en octubre de 2022, no fue una renuncia voluntaria, como se presentó entonces, sino un cese motivado por las denuncias de irregularidades económicas que realizó a nivel interno. “Pregúntese por qué me cesan como secretari...
o general. A lo mejor es porque yo internamente, que es donde correspondía, en el Comité Ejecutivo Nacional y en el Comité de Gestión, y en las conversaciones que tenía con Santiago [Abascal] todas las semanas, iba poniendo un día tras otro las irregularidades que estaba viendo. Yo las estaba denunciando,[la destitución] no fue por causalidad”, ha dicho este lunes en el Programa de Ana Rosa, en Telecinco.
Ortega Smith no ha detallado a qué irregularidades se refería, pero los puntos más oscuros de las cuentas de Vox a lo largo de estos años han sido las transferencias multimillonarias a la fundación Disenso y los contratos de asesoría por cientos de miles de euros con Tizona, buque insignia del conglomerado empresarial montado por Kiko Méndez-Monasterio, a quien Abascal califica como su “gurú”, y Gabriel Ariza, hijo del patrón mediático de la ultraderecha, Julio Ariza. En solo cinco años, Vox ha trasvasado 10,9 millones de euros a la fundación Disenso, de la que Abascal no solo es presidente sino también patrón perpetuo. Más opacos han sido los pagos al holding de Ariza-Monasterio, cuya cuantía total se desconoce. Sí se sabe que, en su informe sobre las cuentas de Vox de 2019, el Tribunal de Cuentas ya llamó la atención sobre las abultadas facturas pagadas a Tizona, una empresa que carece de empleados por servicios genéricos que se adjudicaban a dedo y sin competencia. El órgano fiscalizador convocó a su sede a los responsables económicos de la formación ultra para pedirles explicaciones por facturas que superaban el medio millón de euros, sin contar las generadas por campañas electorales. En junio de 2024, el tesorero del partido, Javier Cortes, firmó un contrato con la empresa de asesoría por el que se comprometía a abonarle 22.145 euros mensuales, al margen del IVA, según reveló El Confidencial.
