Mientras Italia pide suspender el sistema que penaliza el dióxido de carbono, ocho gobiernos cierran filas para proteger este instrumento climático, el más importante de la UE
La Unión Europea fue pionera en la implantación de un sistema de comercio de emisiones de dióxido de carbono (CO₂), el principal gas de efecto invernadero. Este Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS, sus siglas en inglés) arrancó en 2005 e impone un sobrecoste a aquellas industrias que expulsan más CO₂. Gracias a este modelo, muchos países europeos han dado la espalda al carbón y han impulsado las energías que no emiten, como la solar y la eólica. Pero este sistema ETS está ahora siendo cuestionado por algunos gobiernos, con el italiano a la cabeza, y por la ola de extrema derecha que recorre Europa, que tiene la lucha contra el cambio climático como uno de sus demonios.
Ocho países europeos, entre los que figura España, se han unido en defensa del sistema ETS. “Es la piedra angular de la política climática de la UE y es esencial para proporcionar las señales necesarias para fortalecer la industria europea e impulsar la descarbonización y la reindustrialización basadas en fuentes de energía domésticas, limpias y asequibles, garantizando al mismo tiempo la seguridad económica”, señala un escrito al que ha accedido EL PAÍS que han suscrito, además del Gobierno español, los de Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia, Suecia y Países Bajos. “El ETS ha demostrado ser una herramienta eficiente y rentable”, añaden. De hecho, en estos más de 20 años de funcionamiento, además de desplazar en muchos casos a los combustibles fósiles, este modelo se ha extendido por otras importantes economías, como China, que ha creado el mayor mercado de derechos de emisión.
