En democracia, las redes, el espacio público, no pueden convertirse en un ámbito donde la violencia y el odio se normalicen y la impunidad sea la regla
Las plazas de nuestras ciudades y pueblos no han desaparecido, pero el debate político ahora está en las pantallas. En las pantallas discutimos, nos organizamos, nos informamos y, cada vez más, vivimos políticamente. Hace una década ofrecían la posibilidad de alzar la voz a personas sin capital social o económico suficiente para hacerlo a través de los medios tradicionales. Así, las redes sociales y el feminismo hicieron match. Desde la horizontalidad, dando poder a la palabra y a la idea, y siempre en comunidad, las mujeres tejimos otras redes, las de apoyo y reconocimiento, relatos compartidos y fuimos conscientes de la capacidad que tenemos para romper el silencio y transformar experiencias personales en agenda política. Sirvan dos ejemplos: en 2016 la repuesta en el juicio de La Manada sin la que no existiría la Ley de Libertad Sexual y en 2017 el #MeToo sin el que es imposible entender la denuncia de los casos de acoso y violencia sexual que estamos conociendo en los últimos años.
Una década después, la realidad es muy distinta. El mismo lugar que amplificó voces feministas y democratizó la palabra ahora monetiza el odio y la misoginia. En la virtualidad que habitamos hoy, el antifeminismo se articula en comunidades organizadas y discursos reaccionarios que han encontrado en las plataformas un terreno especialmente fértil para reforzarse y viralizarse.
