El ataque pretende crear una situación caótica que impida al régimen mantener el control de la situación, mientras se estimula a la población a que se atrevan a movilizarse para bloquear el país
Son muchos los motivos por los que se puede criticar al régimen iraní, pero eso no impide entender que el ataque lanzado nuevamente por Estados Unidos e Israel es un acto de agresión
peto-al-derecho-internacional-tras-el-ataque-a-iran.html" data-link-track-dtm="">que viola el derecho internacional. No cabe entenderlo, como argumentan sus promotores, como un ataque preemptivo para neutralizar amenazas inminentes antes de que se materialicen, no solo porque ese supuesto no se ajusta a las reglas vigentes del uso de la fuerza (legítima defensa y mandato del Consejo de Seguridad), sino porque la actual debilidad de Teherán hacia descartable cualquier acción ofensiva por su parte ante el temor de un castigo insoportable. Y menos aún se puede calificar de intervención humanitaria, como sostiene hipócritamente el heredero del último shah, Reza Pahlevi.
A diferencia de la denominada “Guerra de los Doce Días” (junio de 2025), la operación Furia Épica (para EE UU) o Rugido de León (para Israel) va mucho más allá de desbaratar el programa nuclear iraní, limitar su capacidad para fabricar misiles balísticos de largo alcance y cerrar el grifo por el que alimenta a sus peones regionales. Pretende, en línea con un plan que tiene más que ver con Benjamin Netanyahu que con Donald Trump, redibujar el mapa regional, echando abajo un régimen que cuestiona el statu quo vigente. Se confirma así que no se buscaba realmente un nuevo acuerdo (ya había uno que Irán cumplía escrupulosamente hasta que Trump lo invalidó en mayo de 2018), sino la eliminación de un enemigo. Para ello, aprovechando la debilidad de Teherán tras los golpes recibidos en su propio territorio y a través de Hezbolá, Hamás y Ansar Allá, ahora ambos mandatarios han decidido desarrollar una campaña general de acoso y derribo.
