Un informe encargado por el Gobierno catalán denuncia la tensión en los servicios sociales como causa de malestar
La necesidad de gestionar mejor la inmigración y de calibrar sus efectos en la economía y la sociedad se ha convertido en un asunto cada vez más urgente para la administración catalana. En un contexto en el que crecen los discursos antiinmigración de la mano de la extrema derecha, un informe encargado por la Generalitat a un equipo de expertos incide en una de las grandes preguntas que flotan en el aire: ¿está preparada Cataluña para acoger e integrar como es debido a los 2,1 millones de extranjeros que ha incorporado en un cuarto de siglo? Y la clave para responder pasa por el dinero. El informe admite que el aumento del gasto social en los últimos años ha sido insuficiente para que los servicios básicos estén a la altura del aumento de población, lo que ha generado parte del creciente malestar social.
El informe del Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social (CETIS), con el elocuente título de Repensar la gobernanza migratoria en Cataluña, asume que “el modelo propio de integración” está “sometido a fuertes limitaciones”, en especial por la “falta de recursos estables” y, también, por la “ausencia de una coordinación real con el Estado”. El margen para mejorar el potencial de acogida es muy amplio: las herramientas están ahí, pero algunas ni siquiera se han usado. Como la Agència Catalana de Migracions, una carcasa vacía que, según los expertos, debe ser el pilar de una gestión ahora fragmentada. Los expertos proponen crear un “fondo catalán para acogida e inclusión” e implantar transferencias directas para los municipios, que gestionan la primera acogida muchas veces sin los recursos apropiados.
