La Generalitat admite que un eventual traspaso obligaría a aumentar el personal y a impulsar cambios normativos
Seis meses después de que PSOE y Junts per Catalunya pactaran la delegación integral de competencias en inmigración del Estado a la Generalitat, la iniciativa sigue siendo, por ahora, una quimera. No solo por la falta de los votos necesarios para la aprobación del traspaso —como quedará en evidencia, con toda probabilidad, en el debate de este martes en el Congreso—, sino también porque la Administración autonómica está lejos de encontrarse en disposición de asumirlas. Con unas competencias ahora muy acotadas (la primera acogida a los extranjeros o el desarrollo de políticas sociales, entre otros), la Generalitat necesitaría una ampliación generosa del número de funcionarios y la aprobación de modificaciones normativas. Un esfuerzo que, coinciden las fuentes consultadas, precisa de voluntad política, dinero y tiempo.
El pacto, que se fraguó en marzo y fue una de las exigencias del partido de Carles Puigdemont al Gobierno de Pedro Sánchez, contempla la delegación de competencias hasta ahora exclusivas del Estado. Entre otras, la tramitación de las autorizaciones de residencia, la expedición del NIE, la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la participación de los Mossos d’Esquadra en el control de fronteras. Mandos de la policía autonómica ya advirtieron, cuando se conoció públicamente el acuerdo, que el traspaso en materia de extranjería requeriría de un aumento significativo de la plantilla y que la transición sería, cuanto menos, compleja.
