El Tribunal Supremo frena la concentración presidencial de poderes para que Trump no actúe como un monarca
Al fin alguien ha parado los pies a Trump. Y ha sido quien podía hacerlo, el Tribunal Supremo, árbitro e intérprete de la Constitución, sus nueve jueces vitalicios, seis conservadores y tres de ellos nombrados por el propio presidente.
j.pdf" data-link-track-dtm="">La sentencia contra los aranceles, mal llamados recíprocos, y hechos públicos en un acto solemne y pomposo anunciado como el Día de la Liberación el 2 de abril de 2025, hiere de muerte una pieza central de la política exterior trumpista, utilizada a discreción como arma de castigo y extorsión por su diplomacia agresiva, en vez de como herramienta contra los desequilibrios en la balanza comercial o las medidas agresivas en el comercio exterior, tal como es su función.
El argumento central para tal desaire hiere la mentalidad autocrática y narcisista del presidente. Trump se ha arrogado unos poderes que no le pertenecen. Ha actuado como un monarca, exactamente lo que querían evitar los padres constitucionales cuando diseñaron un sistema de poderes no tan solo divididos, sino compartidos entre el presidente y las dos Cámaras. Con esta sentencia, el Supremo pone freno a la concentración presidencial de poderes y devuelve al Congreso la competencia sobre la fiscalidad, en la que se incluyen los aranceles. Rehabilita a la vez la división de poderes y reivindica la vitalidad del Estado de derecho, que responde con eficacia ante la apelación a la justicia de las pequeñas empresas importadoras que recurrieron a la arbitraria imposición arancelaria. Nadie está por encima de la ley. Tampoco el presidente. Según ha recordado The Wall Street Journal, periódico propiedad de la familia Murdoch, “los estadounidenses combatieron en la Revolución porque creían que solo sus representantes, no el rey, tenían autoridad para gravar con impuestos a los ciudadanos”.
