De las 16 clarisas que había en el monasterio cuando se separaron de la Iglesia, solo quedan siete a la espera del desahucio previsto para el 12 de marzo. Definen la situación como “muy difícil”

“Propiedad privada. Prohibido el paso”, se lee en la entrada del Monasterio de Belorado. La cancela está cerrada con candado. Ahí dentro viven las monjas que el 13 de mayo de 2024 se separaron de la Iglesia Católica, lo que acarrea la excomunión. No piensan salir de ahí. El 12 de marzo serán desahuciadas, por orden judicial y a mano de la Guardia Civil si hiciera falta. “Si desea ser atendido, llame a este número”, reza un segundo cartel colgado debajo del primero. En una puerta lateral, hay un grafiti que pone “Okupa y resiste”. A unos 100 metros, alguien ha escrito en una enorme pared: “Para lo que me queda en el convento, me cago dentro”. La calle paralela al Camino Monjas, el que conduce al monasterio, es Camino del Matadero.

Quizás todo eso sea la descripción más acertada para explicar el caso de las monjas de Belorado que el pasado lunes estrenaron una página web, queremosunconvento.com, para buscar otro lugar al que mudarse apelando a la solidaridad de los españoles y a la España vaciada. Según el arzobispado, en el derecho canónico, la expulsión de la vida consagrada conlleva la pérdida del título jurídico por el que vivían en el monasterio. La defensa de las monjas, en cambio, alega que España no se rige por el derecho canónico. “Cuando cada una de ellas como personas físicas decide separarse de la Iglesia Católica, es también el Monasterio como persona jurídica el que se separa, de forma que ni ellas ni el Monasterio están ya sujetas al Derecho canónico, y por lo tanto el arzobispo de Burgos deja de tener jurisdicción sobre ellas y sobre el Monasterio”, explica uno de sus abogados, Florentino Aláez. Al separarse de la Iglesia, las monjas pretendían transformar la entidad religiosa en asociación civil y solicitaron el traslado de esta al Registro Nacional de Asociaciones. El Ministerio del Interior lo denegó tras solicitar un informe al arzobispado para ver si se ajustaba a la legalidad.