La crisis inmobiliaria provoca que cada vez más personas mayores de 45 años se vean obligadas a vivir de arrendamiento, una situación que les genera inseguridad
A Ramón Bultó le preocupa el futuro. O más bien su futuro viviendo de alquiler a sus 57 años. “Claro que la situación me preocupa. Puede que extienda mi vida laboral unos años para incrementar mi pensión, pero aun así es probable que me tenga que ir a un pueblo, muy lejos de mis hijas, amigos y de la ciudad en la que nací y crecí”. Reside en un piso en el barrio de Buenavista de Getafe (Madrid) con su hija mayor Gabriela, de 21 años y estudiante, y trabaja en el departamento de informática para una multinacional. Paga 751 euros al mes porque hace tres años, con el apoyo del Sindicato de Inquilinas de Madrid, se negó a firmar un nuevo contrato de 1.100 euros con el fondo buitre Fidere.
Iván Aranda, de 46 años, vive de alquiler en el distrito de Arganzuela (Madrid), está separado y tiene dos hijos. Trabaja en consultoría de energías renovables y reconoce su suerte, aunque no esconde su incertidumbre y desasosiego. “Hoy tengo un buen trabajo, pero sería difícil mantener el nivel de gasto si al año que viene no lo tuviera. Me preocupa qué pasará cuando me jubile, el soltar todos los meses esa cantidad de dinero que no se traduce en un activo del que yo sea propietario y al cabo de 20 años no tener un sitio en el que caerte muerto. Si hubiese un ecosistema de alquiler con oferta suficiente y a precios razonables sería todo mucho más tranquilo”. Paga 1.300 euros al mes, un precio bajo para la zona —donde se están pidiendo hasta 1.700 euros— porque el casero es su amigo. El lugar no es un capricho: ha alquilado cerca de donde vive su expareja “para que la logística con los hijos sea más o menos cómoda”, indica.
