La extrema derecha no tiene interés en hablar de los pros y contras de la regularización de inmigrantes, ni del fondo de la cuestión: trabajadores que no están amparados por el marco legal que sí cobija a los registrados
Es increíble la habilidad de la extrema derecha para desviar o llevarse a su terreno las discusiones que deberían incorporar a toda la sociedad, puesto que son determinantes para saber qué tipo de sociedad queremos construir, en qué mundo queremos vivir y, en definitiva, qué es lo que los diferentes partidos políticos nos proponen a nosotros, los ciudadanos, para que luego, haciendo uso de nuestro derecho al sufragio, decidamos a cuál otorgamos nuestra confianza.
Esto, a cuenta de la propuesta de regularización de medio millón de personas que viven en el país, pero que, a ojos de las administraciones, no existen. Con su pericia habitual, Vox, y a su estela el PP, ha enmarcado el debate en términos estrictamente político-electorales: papeles por papeletas. La regularización, así, se reduce a un episodio más de la batalla política, despojándola de cualquier posibilidad de debate más amplio. Sánchez propone la regularización para “desvirtuar” el censo, para “comprarse” las elecciones. Y así se impide el debate, comprimiéndolo, reduciéndolo, jibarizándolo.
