El organismo internacional celebra la estabilidad fiscal de Nicaragua, mientras la mayoría de la población no logra cubrir sus necesidades básicas
El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a avalar la política económica del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El 20 de enero, el directorio ejecutivo del organismo concluyó su consulta anual del Artículo IV —una suerte de auditoría político-económica a cada país miembro— y destacó que Nicaragua ha “sorteado bien múltiples shocks desde 2018” gracias a la solidez de sus fundamentos macroeconómicos. El informe, sin embargo, omite cualquier referencia a la crisis política y de derechos humanos que atraviesa el país desde las protestas de 2018, que dejaron más de 350 muertos según organismos internacionales.
La evaluación del FMI proyecta que, tras crecer un 3,9% entre 2022 y el primer semestre de 2025, el PIB se moderará a un 3,4% en 2026. El organismo celebra los superávits fiscal y externo y asegura que “las perspectivas a corto plazo siguen siendo en general favorables”. Lo llamativo es el lenguaje empleado para describir hechos de gravedad política: las “sanciones internacionales específicas”, la “reorientación de las entradas oficiales de capitales extranjeros” o las “transferencias de propiedad privada al Estado desde 2022” aparecen como simples condiciones del entorno.
