El 20% de los cerca de 800.000 nicaragüenses que han huido del país desde 2018 están en edad de jubilación
Un mes después de que el régimen copresidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo la despojara de su nacionalidad nicaragüense y le confiscara todos sus bienes por razones políticas, la periodista y feminista Sofía Montenegro ingresó a su banca en línea para verificar el pago de marzo de su jubilación. Lo hizo de forma habitual, con la idea de que, aunque le habían quitado su casa en Managua, su carro y todas sus pertenencias, la pensión seguiría allí, como un derecho inalienable tras décadas de trabajo y de pago de sus cotizaciones. Pero estaba equivocada: la cuenta bancaria en la que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) le depositaba la jubilación estaba congelada y en cero, al igual que sus otras cuentas.
Era marzo de 2023, hace poco menos de tres años. Un mes antes, en febrero, huyó por veredas hacia Costa Rica para escapar de la justicia sandinista que, tras despojarla de su nacionalidad, la declaró también prófuga de la justicia y traidora de la patria junto a otros 93 opositores. “Desde entonces estoy en lucro cesante de mi jubilación”, dice Montenegro, una de las intelectuales más respetadas del país centroamericano. Si bien en Managua vivía retirada, dependiendo de su jubilación, nunca dejó de opinar y criticar en redes sociales y en medios de comunicación la deriva dictatorial de la pareja gobernante, en especial la de Murillo. La copresidenta encontraba en la periodista a una de sus críticas más férreas desde los años noventa, razón por la cual persiguió de forma sistemática a las organizaciones que Montenegro presidía, como el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y el extinto Centro de Investigaciones para la Comunicación (Cinco).
