La histórica debilidad institucional pone a prueba al Gobierno de Bernardo Arévalo ante la violencia de las pandillas
Guatemala atraviesa un momento en el que el Estado está siendo puesto a prueba no solo por la violencia criminal, sino por la fragilidad acumulada de sus propias instituciones. La oleada en enero de
ps://elpais.com/america/2026-01-20/guatemala-honra-a-las-victimas-de-los-motines-carcelarios-en-medio-del-aumento-de-la-violencia.html" data-link-track-dtm="">motines carcelarios y asesinatos de policías no es solo un desafío de seguridad: recuerda hasta qué punto la corrupción, la captura del sistema judicial y el abandono social han erosionado la autoridad pública durante décadas. El Gobierno de Bernardo Arévalo se enfrenta hoy a las pandillas, pero también a un país que heredó un Estado deliberadamente debilitado.
Las pandillas no surgieron en el vacío. Son el producto de barrios marginados, deportaciones masivas desde Estados Unidos y un sistema penitenciario que durante años funcionó como centro de operaciones del crimen organizado. Combatirlas exige más que despliegues militares: requiere reconstruir capacidades estatales básicas, desde cárceles funcionales hasta un sistema judicial independiente. En ese sentido, reducir la actual crisis de seguridad a una supuesta impotencia gubernamental supone una lectura superficial que ignora el punto de partida.
