El Ejecutivo autorizó la salida del Ejército a patrullar las calles, pero la respuesta apenas tiene impacto en las bandas ni en el sistema judicial, permeado por la corrupción
El día transcurre con calma en Ciudad de Guatemala y nada parece indicar que, apenas 48 horas antes, la pandilla Barrio 18 asesinó a 10 policías en distintos puntos del país, lo que llevó al presidente Bernardo Arévalo a decretar un estado de sitio. En la calle principal de la capitalina colonia Alameda, un retén policial detiene a dos jóvenes que circulan en motocicleta sin casco. Los agentes revisan documentos, inspeccionan el vehículo y, tras diez minutos, detectan la infracción: el ruido del escape supera los decibelios permitidos. Hay multa. Los dejan ir. “Sabemos que los pandilleros no van a caer en este retén”, admite el agente que dirige el operativo. “Pero la ley no nos faculta para ir a buscarlos a sus casas. No tenemos permitido hacerlo”.
Entre el sábado y el domingo, la Barrio 18 —designada en septiembre pasado como organización terrorista transnacional por el Departamento de Estado de Estados Unidos— mantuvo bajo su control tres cárceles del país, tomó como rehenes a 46 custodios, asesinó a 10 policías en la capital y forzó al Gobierno a decretar el estado de sitio y a suspender las clases en todo el territorio nacional el lunes, ante el temor de nuevos ataques.
