Las protestas y su brutal represión demuestran la desconexión del régimen con la calle
Desde hace dos semanas las calles de Irán son escenario de una nueva oleada de protestas contra el Gobierno de Masud Pezeshkian. Son las más intensas desde 2022, cuando la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial provocó un levantamiento popular brutalmente reprimido.
Esta vez el detonante de la protesta ha sido la retirada de los tipos de cambio preferentes para productos de primera necesidad, que ha acelerado el alza del precio de los alimentos (que, según algunas estimaciones, ha sido del 70% en 2025) y exacerbado el hundimiento de la moneda nacional, el rial, que ha perdido un 40% de su valor en el último año. A esto hay que sumarle la crisis hídrica (Irán vive una gravísima sequía) y energética, que provoca cortes de agua y apagones regulares. Todo ello no hace sino redoblar el descontento de fondo provocado por la represión y la corrupción.
El hecho de que, en un principio, las protestas, no pusieran en cuestión al régimen en sí sino su competencia para la gestión ha atraído a las calles a manifestantes que generalmente son leales a la República Islámica —especialmente sectores de la pequeña y mediana burguesía comercial— y descolocado al Gobierno de Pezeshkian, que en un principio respondió de forma conciliadora. Sin embargo, los ultraislamistas que en la práctica controlan el país, con el líder supremo Alí Jamenei a la cabeza, han reaccionado con su tradicional brutalidad, acusando a los manifestantes de estar al servicio de agentes extranjeros e incluso de sacrilegio.
