Mientras el presidente estadounidense elevaba sus amenazas, un grupo de facilitadores movía sus fichas para tranquilizar a Washington en materia de lucha antidrogas
El Gobierno de Gustavo Petro cedió en temas cruciales de seguridad para contentar a Donald Trump. Mientras ambos mandatarios se insultaban en redes sociales, un grupo secreto de facilitadores tendía puentes entre Bogotá y Washington. Además de la llamada conocida este miércoles entre los dos, EL PAÍS ha confirmado con tres fuentes de la comisión diplomática que algunas decisiones polémicas, como los bombardeos a campamentos de las disidencias, la reanudación de la fumigación con glifosato sobre cultivos de coca y la extradición del narco Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, fueron acordadas con Estados Unidos.
Una cuarta exigencia se puso sobre la mesa: el Gobierno colombiano debía cambiar el estatus político de grupos guerrilleros, como las disidencias de las FARC o el ELN, para reclasificarlos únicamente como organizaciones narcotraficantes. Esa sería la última señal de buena voluntad acordada para contentar a Trump, y una que aún no ha ocurrido. El hacerlo volvería más difícil para Petro seguir negociando con ellos en el marco de su política de paz total.
