Los reporteros conviven con la censura, las amenazas, las detenciones y el riesgo del exilio cuando ahondan en las posibles irregularidades cometidas por el Gobierno autoritario
La periodista congoleña Rosie Pioth, de 43 años, no tenía ninguna intención de abandonar su país, pero a finales de julio tuvo que hacer las maletas, tras recibir amenazas de muerte. El delito de esta corresponsal de la televisión France 24 y directora del portal de noticias Fact Checking fue publicar un artículo sobre el aniversario de uno de los sucesos más violentos de la historia del país: el atentado con bomba cometido en 1982 contra el Aeropuerto Internacional Maya-Maya de la capital, Brazzaville. En su reportaje, Pioth contaba que, después de 43 años, las familias de las víctimas seguían exigiendo justicia y compensación, y consideraba que había que seguir indagando lo ocurrido.
“La investigación reveló contradicciones en los indultos presidenciales concedidos a los acusados en el juicio de 1986, también puso de manifiesto el hecho de que uno de los condenados dijo que se enteró de su sentencia por la prensa sin que nadie lo interrogara cuando regresó al Congo, un año después, o que nunca se pagó la indemnización prometida a las familias de las víctimas”, explica Pioth a este periódico en un mensaje de WhatsApp. “Todo esto demuestra que el tratamiento judicial, político y humano del atentado fue incompleto. Probablemente por eso me amenazaron”, dice.
