Los últimos casos en partidos políticos han puesto el foco sobre los mecanismos internos a los que la legislación obliga desde hace casi dos décadas en prácticamente cualquier ámbito
“Ni han sido los primeros ni serán los últimos”. Esa frase la pronunciaba hace unos días una socialista ―y la suscribían media docena más― sobre los casos de acoso sexual conocidos en el último mes dentro de su partido: de las denuncias internas contra el dirigente Francisco Salazar en el propio Palacio de La Moncloa al
hablar-con-el-en-cinco-meses.html" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://elpais.com/espana/2025-12-12/el-psoe-reconoce-la-gravedad-de-la-conducta-de-salazar-pero-admite-que-no-ha-podido-hablar-con-el-en-cinco-meses.html" data-link-track-dtm="">expediente informativo de oficio abierto al miembro de la ejecutiva federal Javier Izquierdo después de su dimisión alegando “motivos personales y familiares”, la concejala de Torremolinos que ha ido a la Fiscalía o las acusaciones contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y cómo se han gestionado por parte de su partido en Galicia. Y aunque ha sido el PSOE quien más titulares ha ocupado en diciembre por esta cuestión, no ha sido el único. En el PP, la crisis está entre alcaldes: el de Algeciras, José Ignacio Landaluce; el de Jericá (Castellón), Jorge Peiró, y el de Navalmoral de la Mata (Cáceres), Enrique Hueso. Y en Vox, el foco ha estado en su jefe de redes sociales, Javier Esteban Bejarano.
