La gestión de un presunto caso de acoso interno desacredita al partido en el ámbito de la protección frente al machismo
La política española vuelve a verse sacudida por un nuevo episodio de presunto acoso sexual y laboral en el seno de un partido político y su gestión, en este caso a manos del Partido Popular, exhibe un viejo patrón que nos retrotrae a muchos años atrás, cuando el machismo imponía su relato por encima de la víctima. Los hechos se resumen así: una exconcejal del Ayuntamiento de Móstoles (el segundo municipio más poblado de la Comunidad de Madrid, con 215.000 habitantes) denuncia dos años de acoso —primero sexual, luego laboral—por parte de su alcalde, Manuel Bautista. Como respuesta, el partido intenta evitar por todos los medios que el escándalo salga a la luz y acaba presionando a la víctima para dar carpetazo al caso.
La denunciante, militante del PP, hizo todo lo que se supone que debe hacer una presunta víctima de acoso en el seno de una institución: recurrió a las correspondientes instancias internas, escribió cartas detalladas con los pormenores de la situación, solicitó reuniones a sus superiores, expuso su caso con pruebas y testigos. Pidió amparo seis veces a la organización. Y la respuesta del PP de Madrid fue dejarla absolutamente indefensa. No hubo protocolo, no hubo investigación, no hubo protección. La exconcejal acabó presentando su dimisión y su baja del partido. En 2026 la política institucional vuelve a exhibir que carece de protocolos para garantizar que sea un espacio seguro para las mujeres.
