Dos de los juristas en la lista negra del republicano relatan las dificultades que afronta la institución, y ellos mismos en su día a día, por las presiones de Washington
“Es la hora de la verdad”, dice Nicolás Guillou (50 años), juez francés del Tribunal Penal Internacional (TPI) y sancionado por el presidente estadounidense, Donald Trump, junto con otros siete magistrados y tres fiscales del organismo —procedentes de distintos continentes— por llevar a cabo investigaciones relacionadas con Israel y con Afganistán. El jueves de esta semana, Washington anunció las medidas contra los últimos dos jueces,y el tribunal lo calificó de “ataque flagrante” a su independencia. “Es un momento difícil, pero no hay que ceder ante las presiones”, añade. Guillou recibió a este diario en su despacho el pasado 10 de diciembre; apenas un día después se supo que Estados Unidos tiene en el punto de mira a toda la institución.
Las sanciones a estos 11 juristas se han ido produciendo en sucesivas tandas desde febrero de este año. Ahora Trump se plantea dar un paso más: penalizar al TPI en su conjunto. Ha sugerido que lo hará si no se modifica el Estatuto de Roma, su texto fundacional, que le habilita para enjuiciar a los jefes de Estado por genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, además de investigar el delito de agresión de un Estado por la fuerza militar. Esa modificación requeriría el acuerdo de dos tercios de los 125 países adheridos al Estatuto.
