Más que llevar al sistema judicial a un colapso institucional, Trump lo está sometiendo a una prolongada prueba de estrés
Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha convertido a los tribunales en uno de los principales escenarios de la política estadounidense. En sus primeros meses de mandato, su Administración acumuló un volumen de litigios sin precedentes. Según un informe del Congressional Research Service publicado en mayo de 2025, el Ejecutivo se enfrentó a 25 medidas cautelares de alcance nacional en sus primeros 100 días, una cifra muy superior a la registrada en periodos comparables de presidencias anteriores, incluido su primer mandato. Hasta la fecha,
" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/us/migracion/2026-02-12/un-juez-ordena-al-gobierno-de-trump-regresar-a-los-venezolanos-deportados-a-el-salvador.html" data-link-track-dtm="">se han registrado más de 570 impugnaciones judiciales contra actuaciones del Gobierno federal.
Este choque constante entre el poder ejecutivo y el judicial plantea una cuestión central: si el Estado de derecho en Estados Unidos está seriamente amenazado o si, pese a las tensiones, las instituciones siguen funcionando como deberían. A partir de ahí, suelen emerger dos interpretaciones contrapuestas. La primera es abiertamente pesimista: las normas democráticas se estarían vaciando desde dentro, y los frenos al poder habrían dejado de ser efectivos. La segunda es tranquilizadora: los jueces intervienen, los tribunales corrigen excesos y el sistema, aunque sometido a tensión, sigue resistiendo. Ambas lecturas captan aspectos reales, pero ninguna por sí sola permite entender plenamente lo que está ocurriendo.
