Donald Trump apenas había debutado en su segundo mandato presidencial en Estados Unidos cuando firmó en febrero pasado una orden ejecutiva para imponer sanciones contra el personal del Tribunal Penal Internacional (TPI) que participase en investigaciones contra sus ciudadanos o Israel por crímenes de guerra. Ahora ha vuelto a golpear contra ese organismo. Este miércoles, su Administración ha anunciado medidas contra cuatro de los integrantes de ese tribunal global: dos jueces y dos fiscales.
Los afectados son los jueces Kimberly Prost, de Canadá, y Nicolas Guillou, de Francia, así como los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan, de Fiji, y Mame Mandiaye Niang de Senegal, según consta en un comunicado firmado por el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio. Los cuatro, según el jefe de la diplomacia estadounidense, “se han implicado directamente en los esfuerzos del TPI para investigar, detener o llevar a juicio a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el permiso de ninguno de los dos países”.
La magistrada Prost ha participado en procesos de la Corte relacionados con crímenes de guerra. En varios de ellos se investiga a la CIA y a personal de las fuerzas armadas estadounidenses por su intervención en conflictos como el de Afganistán. Los fiscales Khan y Niang también supervisan pesquisas que incluyen a estadounidenses sobre crímenes en Kabul. Por su parte, el juez Guillou estuvo integrado en el equipo que emitió órdenes de detención contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, su entonces ministro de Defensa Yoav Gallant y otros altos cargos israelíes —además del líder de la organización radical palestina Hamás, Ibrahim el Masri— por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la ofensiva de ese país en Gaza.
