La relatora de la ONU para los territorios palestinos se ha convertido en su país en una líder de opinión, pero está en una lista negra de EE UU como si fuera una terrorista y solo puede usar dinero en efectivo
La vida de la jurista italiana Francesca Albanese, que desde 2022 es relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, comenzó a cambiar este verano, el día que presentó su informe De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, en el que acusaba a grandes empresas de ser cómplices de la ofensiva de Israel en Gaza. Ya había recibido amenazas tras su informe de marzo, Anatomía de un genocidio, pero esta vez fue distinto. A los seis días, el pasado 9 de julio, el secretario de Estado de la Casa Blanca, Marco Rubio, anunció que también se le aplicarían a ella las sanciones ya impuestas en febrero a jueces y fiscales del Tribunal Penal Internacional (TPI) por emitir mandatos de arresto contra Benjamin Netanyahu y su ministo de Defensa, Yoav Gallant. La acusación contra ella era, precisamente, de cooperar con el TPI y ser “una amenaza para la economía global”.
Albanese, de 48 años, ya era conocida como una de las voces más claras y contundentes en la denuncia de las violaciones de derechos humanos en Gaza, pero no para el gran público en Italia. A partir de ese momento, y coincidiendo con la iniciativa de la flotilla humanitaria Global Sumud —que en este país tuvo un apoyo general—, empezó a ser muy popular. Aparecía cada día en televisión y en actos públicos, pero al mismo tiempo su vida privada se volvía imposible.
